La Terminal 4 reanuda sus operaciones tras el cierre ordenado por la Aduana

Luego de un cierre temporal dispuesto por la Dirección General de Aduanas (DGA) el pasado miércoles 25 de junio, se reanudaron las operaciones en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. La medida había respondido a reiterados incumplimientos por parte de la permisionaria, que derivaron en demoras logísticas injustificadas y sobrecostos para importadores, exportadores y despachantes.

Según comunicó la operadora de la terminal, las actividades ya se encuentran reanudadas. Además, aquellos usuarios que contaban con turnos vigentes para el retiro o la entrega de mercadería podrán ingresar conforme a la programación establecida. Para más información, se habilitó la consulta de turnos a través del portal “Puerto Digital”, a fin de facilitar la reorganización operativa de los actores involucrados.

La interrupción de actividades fue comunicada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas de la DGA, luego de constatar que la empresa concesionaria incumplió un acta compromiso firmada a principios de mes. La Aduana argumentó que estos incumplimientos generaban "demoras injustificadas" y “costos fuera de presupuesto”, lo que atentaba contra la competitividad y la previsibilidad del comercio exterior argentino.

Si bien la medida no implicó el cierre total del puerto, su impacto fue inmediato. La decisión afectó tanto a las operaciones en curso como a la planificación de cargas futuras, y obligó a múltiples actores del sector logístico a reorganizar con urgencia sus esquemas de trabajo, generar nuevas coordinaciones y, en algunos casos, asumir costos adicionales.

Para mitigar los efectos negativos del cierre, la DGA autorizó de forma excepcional ciertas operaciones, especialmente aquellas que involucraban productos perecederos, medicamentos, explosivos y mercancías refrigeradas. También se permitió la continuidad de exportaciones asociadas a un buque programado para el 26 de junio, siempre que cumplieran con los horarios de corte estipulados.

Estas excepciones fueron clave para evitar perjuicios a los operadores que trabajan con mercadería sensible a los tiempos logísticos, quienes no pueden reprogramar sin asumir pérdidas importantes. A pesar de estas medidas, el cierre representó una señal de advertencia para todo el sistema portuario, que volvió a quedar bajo la lupa.

La decisión de la Aduana generó preocupación inmediata entre despachantes de aduana, operadores logísticos, empresas importadoras y exportadoras, así como en las cámaras representativas del sector. Las entidades señalaron la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión sobre las terminales concesionadas y avanzar en mayores niveles de coordinación público-privada.

Al mismo tiempo, volvió a instalarse con fuerza el reclamo por una mayor digitalización, interoperabilidad y transparencia en los procesos portuarios. En un escenario donde cada hora cuenta, la eficiencia logística no es solo una ventaja competitiva: es una condición indispensable para sostener el ritmo del comercio internacional.

La experiencia dejó al descubierto una vez más la vulnerabilidad del sistema logístico ante fallas de gestión, así como la importancia de contar con herramientas que permitan una trazabilidad más clara de las demoras, y una distribución más equitativa de las responsabilidades cuando ocurren desvíos operativos.

La reapertura de la terminal marca el fin de una interrupción puntual, pero deja planteadas cuestiones más profundas. El episodio permitió apreciar con claridad la capacidad de la Aduana para intervenir ante fallas operativas graves y evidenció la necesidad de garantizar que los compromisos asumidos por los operadores portuarios se cumplan de forma efectiva y verificable.

Desde el sector logístico, la situación reactivó los pedidos por mayores niveles de previsibilidad, trazabilidad y coordinación en toda la cadena. En un contexto donde cada desvío impacta directamente en los costos, en los tiempos y en la competitividad de los productos argentinos, el caso refuerza la importancia de establecer estándares claros, mecanismos de control efectivos y una cultura de cumplimiento que evite nuevas disrupciones en el comercio exterior.