Desregulación: actualizan las normas para la importación de cemento, elementos de protección personal y seguridad eléctrica

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía implementó una serie de actualizaciones normativas clave que buscan optimizar procesos, reducir costos y promover una mayor competitividad en el mercado local. Estas medidas abarcan tres sectores estratégicos: cementos, elementos de protección personal y productos eléctricos, y se orientan a la eliminación de trabas burocráticas, la adopción de estándares internacionales y la generación de ahorros tanto para empresas como para el Estado.

Mediante la Resolución 26/2025, se establecieron características de seguridad y calidad que deberán cumplir los cementos para uso general, de propiedades especiales, para hormigón de uso vial con tecnología de alto rendimiento (TAR) y de albañilería.

La principal innovación radica en la aceptación de informes de ensayo y certificados internacionales provenientes de organismos reconocidos en países de alta vigilancia y naciones limítrofes como Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Esta actualización permitirá reducir los gastos asociados a los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos, evitando complejos procesos de doble certificación que anteriormente generaban demoras de varios meses. Además, se establece la validez de los certificados nacionales y extranjeros de organismos de certificación acreditados, lo que evitará la duplicación de ensayos y controles.

Esta iniciativa se presenta como un paso importante para facilitar el acceso al mercado local de cementos de alta calidad, sin sacrificar la seguridad y el cumplimiento de estándares técnicos.

Por otro lado, a través de la Resolución 18/2025, se actualizó el Reglamento Técnico de Elementos de Protección Personal. El objetivo es garantizar que los productos destinados a la protección de los consumidores argentinos cumplan con estándares internacionales de calidad y seguridad.

La medida alcanza a elementos de prevención contra el ahogamiento por inmersión, protección auditiva, indumentaria de protección, equipos contra caídas en altura, y protección de la cabeza, respiratoria, ocular y de extremidades, entre otros.

Una de las modificaciones más relevantes es la validación de certificados nacionales y extranjeros emitidos por organismos acreditados. Con ello, se eliminan trámites redundantes y se facilita el libre comercio, generando un ahorro de tiempo y costos tanto para el sector privado como para el Estado.

Esta iniciativa permitirá agilizar la disponibilidad de elementos clave para la seguridad laboral e industrial, fomentando a su vez el desarrollo de prácticas productivas más eficientes.

Finalmente, la Resolución 16/2025 actualiza el Reglamento Técnico de Seguridad Eléctrica, apuntando a modernizar los estándares de calidad y seguridad, al tiempo que se reducen los costos y tiempos asociados a la burocracia.

Esta resolución facilita la aceptación de certificados internacionales que garanticen la seguridad eléctrica de una amplia gama de productos, evitando así el costo duplicado de ensayos que ya fueron realizados por certificadores o laboratorios acreditados en el extranjero.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de comercializar productos eléctricos con fichas de geometría distinta a la tradicional “ficha argentina”. Este cambio no solo amplía la oferta de productos disponibles en el mercado, sino que también promueve una mayor competencia, lo que podría derivar en una reducción de precios para los consumidores.

El nuevo reglamento alcanza a aparatos eléctricos de uso doméstico, fuentes y cargadores, dispositivos de iluminación y aparatos de electrónica, audio y video. La actualización de estas normas tiene como principal objetivo resguardar la seguridad de los consumidores, garantizando el acceso a productos que cumplen con estándares internacionales, sin los costos y demoras asociados a la duplicación de procesos.

Estas medidas reflejan una estrategia orientada a modernizar los procesos de certificación y comercialización en sectores clave para la economía. Al eliminar trabas burocráticas y validar certificaciones internacionales, se reducen significativamente los costos de entrada al mercado argentino para productos de calidad. Esto no solo beneficia a las empresas importadoras, que verán simplificados sus procesos, sino también al consumidor final, que podrá acceder a una oferta más diversa y competitiva.

Además, la disminución de trámites y costos asociados impactará positivamente en la eficiencia del comercio exterior, reduciendo tiempos de ingreso de productos y fomentando un entorno de negocios más ágil y predecible.

Con estas actualizaciones, el Gobierno busca alinear la normativa local con estándares globales, generando condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la competitividad y el acceso a productos de calidad.