Privatización vial: el Gobierno licitará la operación de 8.500 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno Nacional iniciará el proceso de privatización del mantenimiento y la operación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales, factor central de la logística del país. La medida contempla la concesión de estos tramos a empresas privadas bajo la modalidad de obra pública por peaje. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía, el llamado a licitación se realizará por etapas y permitirá modificar la conformación de la red vial según las necesidades que se detecten.

Actualmente, la administración y mantenimiento de parte de estas rutas están a cargo de una empresa estatal creada en 2019 para gestionar la infraestructura vial concesionada. Su función principal ha sido garantizar la transitabilidad de las principales vías del país, supervisando el cobro de peajes y realizando tareas de conservación y reparación. La empresa se encarga de la operatividad de tramos estratégicos para el transporte y la logística nacional, con presencia en múltiples provincias.

El sistema de concesión vial es un eslabón importante en la cadena logística del país ya que las rutas involucradas permiten el transporte de bienes entre los principales centros productivos y los puertos de exportación, además de facilitar la movilidad de pasajeros. La gestión eficiente de estas vías impacta directamente en la competitividad del sector productivo y en los costos del transporte de cargas.

La privatización incluye la licitación de 11 tramos de la Red Federal de Concesiones, con la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal que los administra en la actualidad. El nuevo esquema buscará reducir la participación del Estado en el mantenimiento vial, eliminando subsidios y promoviendo la inversión privada.

El control y la fiscalización de los contratos de concesión quedarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte. Este organismo será responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los acuerdos, asegurando que las empresas concesionarias realicen las inversiones necesarias para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.

El proceso de licitación se llevará a cabo en etapas, permitiendo la participación de distintas empresas interesadas en asumir la gestión de los corredores viales. Se espera que las concesionarias seleccionadas presenten planes de inversión orientados a mejorar la calidad de las rutas y la seguridad de los usuarios.

Según lo establecido por el Ministerio de Economía, las empresas que resulten adjudicatarias deberán asumir los costos de mantenimiento y operación sin recibir subsidios del Estado. Hasta ahora, el esquema vigente requería aportes del Tesoro Nacional para sostener el funcionamiento de la red vial.

El esquema de concesión por peaje implica que los ingresos para las empresas concesionarias provendrán exclusivamente del cobro a los usuarios. A diferencia de modelos previos, donde el Estado intervenía para garantizar la viabilidad de los contratos, la nueva política apunta a que el mantenimiento de las rutas dependa exclusivamente de la recaudación obtenida por el uso de la infraestructura.

La Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de definir las condiciones específicas de los contratos y de controlar su cumplimiento. Entre los aspectos clave del proceso, se espera que las concesionarias presenten planes de inversión que incluyan obras de infraestructura, mejoras en la señalización y la implementación de tecnología para la gestión del tránsito.

La transición hacia un esquema totalmente privatizado representa un cambio significativo en la gestión de la infraestructura vial. En ese marco, en cuanto queden efectuadas las concesiones, la evolución del sistema dependerá de la capacidad de los concesionarios para sostener la inversión requerida y de la regulación estatal para garantizar que el servicio sea eficiente y accesible para los usuarios.