¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

La noche del viernes 17 de octubre, autoridades de Culiacán, Sinaloa, informaron la detención de cuatro personas señaladas por su presunta participación en el asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal. Entre los detenidos se encuentra Edgar Zamudio Rosales, exjugador de las fuerzas básicas de Tigres, quien fue identificado junto a otras tres personas, incluido un menor de edad.

La detención se realizó después de una persecución con las fuerzas federales por diversos sectores de la ciudad, que culminó en el aseguramiento de un arsenal con armas largas, cortas, granadas, cargadores y cofres para ametralladora.

De acuerdo con los reportes oficiales, dos de los detenidos habrían participado directamente en el ataque contra un hombre y una mujer, ambos agentes de tránsito, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de una patrulla en el sector San Rafael. El operativo policial permitió la captura de los sospechosos y la incautación de armamento, que fue puesto a disposición de la autoridad federal, responsable de determinar la posible implicación de los arrestados en este y otros delitos.

Edgar Zamudio, quien jugó como mediocampista en las categorías inferiores de Tigres entre 2017 y 2019, no logró consolidarse en el primer equipo y no registra más participaciones en el fútbol profesional tras su salida del club. Su detención generó conmoción entre aficionados y en redes sociales, mientras que las investigaciones continúan para determinar su vinculación con el crimen y deslindar responsabilidades.

El sistema penal del estado de Sinaloa contempla castigos estrictos para delitos relacionados con atentados contra funcionarios públicos, acopio y portación de armamento de uso restringido y posesión de explosivos.

En el caso de un homicidio cometido contra oficiales de tránsito o cualquier otro servidor público, la ley tipifica este acto como homicidio calificado. Según el Código Penal de Sinaloa, las penas por este delito oscilan entre 30 y 50 años de prisión cuando se demuestra que existió premeditación y alevosía. La pena incrementa por el hecho de que la víctima estaba en funciones de su cargo, lo que representa para el sistema judicial una agravante específica que justifica la sanción más alta. El artículo 139 del código local señala que asesinar a un representante de la autoridad modifica la calificación del crimen y endurece la sanción prevista.

La legislación estatal y federal sanciona de manera adicional la portación de un arsenal, como armas largas, armas cortas, granadas, cargadores, cofres para ametralladora y cartuchos. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prohíbe portar o acumular armamento de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, estableciendo penas de hasta 30 años de cárcel si se trata de rifles automáticos, granadas y accesorios para armas de alto calibre.

Ante la identificación de cada tipo de armamento o explosivo prohibido, configura delitos separados que pueden acumularse dentro de una misma sentencia, con lo que es posible sumar decenas de años adicionales de reclusión si se confirma la posesión de varios artículos restringidos.

El Código Penal Federal estipula que la portación de armas con el propósito de cometer otros ilícitos, como atentados contra servidores públicos, constituye un agravante. La posesión de cada elemento, como cargadores de alto poder o cofres para ametralladora, integra cargos independientes que pueden incrementar considerablemente la pena impuesta. De acuerdo con los lineamientos legales nacionales aplicados en Sinaloa, la acumulación de cargos relacionados con armas de fuego, explosivos y homicidio calificado puede derivar en sentencias superiores a 70 años de prisión en casos con agravantes comprobadas.

El proceso por delitos de homicidio doloso contra personal de tránsito y portación de armas de uso exclusivo exige prisión preventiva obligatoria, sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza o reducción anticipada de condena. La condena es dictada una vez desahogadas todas las pruebas por parte del Ministerio Público y la defensa, y las penas se establecen según la gravedad de los elementos presentados: tipo y cantidad de armas, circunstancias del crimen y antecedentes penales previos.