Gobierno de Sinaloa reconoce 3 mil desplazados por la violencia, Escuinapa sigue sin cifras oficiales

Tres mil familias sinaloenses permanecen en situación de desplazamiento forzado, tras 21 meses de que la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa provocó la peor crisis de seguridad que ha vivido el estado en décadas.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde confirmó la cifra y explicó que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), el Sistema DIF y los programas estatales mantienen contacto y seguimiento constante con cada familia registrada en el padrón oficial.

¿Qué municipios concentran el desplazamiento?

El fenómeno no se distribuye de forma homogénea en el territorio sinaloense. Las zonas serranas de Badiraguato, las comunidades rurales de Culiacán y el municipio de San Ignacio figuran entre los puntos con mayor registro de familias que abandonaron sus hogares.

Asimismo, el sur del estado presenta una situación más aguda. En Escuinapa, la violencia escaló desde mediados de diciembre de 2025 con ataques con explosivos a inmuebles del ayuntamiento y enfrentamientos continuos.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, advirtió que la magnitud del desplazamiento en Escuinapa aún no ha sido cuantificada por completo. Sin embargo, precisó que también se han identificado familias desplazadas en Rosario y Concordia, aunque la emergencia principal sigue localizada en Escuinapa.

Retornos en algunas comunidades

Frente a este panorama, la mandataria estatal dio a conocer una señal parcialmente alentadora: en varios municipios las condiciones de seguridad permitieron el retorno voluntario de familias que habían abandonado sus localidades. “Hay desplazados que ya están regresando a sus domicilios, a sus casas”, afirmó Bonilla Valverde. En San Ignacio, personas que permanecían en la cabecera municipal decidieron volver por cuenta propia al considerar que el entorno era viable para hacerlo.

La gobernadora subrayó que la atención no se interrumpirá mientras persistan las condiciones que originaron la movilidad forzada. El compromiso gubernamental apunta a sostener el padrón actualizado y ampliar la cobertura de programas conforme se identifiquen nuevos casos.

La brecha de información sobre Escuinapa

Uno de los puntos más delicados de la conferencia fue la pregunta sobre Escuinapa, donde habitantes denunciaron la salida masiva de familias hacia otras entidades, incluida Tepic, Nayarit. La gobernadora Bonilla Valverde reconoció que no dispone de datos actualizados sobre ese municipio en particular y remitió a Sebides como la instancia responsable de concentrar y validar esa información.

La CEDH abrió una investigación de oficio y acumula tres quejas formales vinculadas a la situación en el sur del estado. El seguimiento se realiza desde la oficina regional del organismo en Mazatlán. Loza Ochoa descartó que sea el momento de emitir una recomendación formal: “Es muy pronto para una recomendación”, respondió al precisar que la institución aún se encuentra en etapa de recopilación de información.

El contexto que explica la crisis

La disputa que sostienen las dos facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 constituye el origen directo de esta emergencia humanitaria. Ese conflicto interno cobró una dimensión especialmente visible en Escuinapa en marzo de 2026, cuando fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, mientras circulaba en una unidad oficial.

La visita de Bonilla Valverde a Escuinapa el 9 de junio quedó marcada por la explosión de un vehículo en la carretera federal México 15 durante las primeras horas de la madrugada, aunque el incidente no dejó personas heridas. La mandataria encabezó en ese municipio la instalación de la Mesa de Construcción de Paz y se reunió con el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, quien días antes había reconocido públicamente que la violencia rebasó la capacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de los habitantes.