El Mundial 2026 no debe reprimir derechos humanos: en marcha de madres buscadoras hubo contención y restricción policial

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México estuvo marcada no solo por la euforia deportiva, sino también por la presencia de movilizaciones sociales, en especial la marcha de madres buscadoras que exigen verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, el despliegue de operativos de seguridad en torno al evento generó preocupación entre especialistas en derechos humanos, quienes advirtieron sobre la priorización de la imagen pública por encima del ejercicio pleno de derechos fundamentales.

Verónica Ramírez, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, calificó como alarmante la lógica de contención que predominó en las acciones de seguridad alrededor de las manifestaciones. “En contextos de alta visibilidad internacional están privilegiando la imagen pública al libre ejercicio de derechos”, afirmó.

Para la especialista, la presencia masiva de elementos de seguridad y las restricciones impuestas a la circulación de los contingentes evidenciaron una intención de controlar y limitar la protesta social, más que de proteger a las personas manifestantes.

Seguridad y represión: una frontera que no debe cruzarse

Ramírez explicó que, aunque no se registraron detenciones arbitrarias de integrantes de los colectivos de familias buscadoras —aunque sí de otros grupos—, sí se implementaron medidas preocupantes desde la óptica de los derechos humanos. Entre ellas, señaló el encapsulamiento de contingentes, la imposibilidad de avanzar hacia ciertas zonas y la desproporción entre el número de agentes desplegados y la cantidad de manifestantes, quienes habían anunciado su intención de manifestarse pacíficamente.

“Observamos que la intención no fue propiamente cuidar, sino contener y reprimir, porque hubo una marcada desproporción entre los elementos de seguridad desplegados frente a la cantidad de personas en la movilización, que además habían señalado su intención de manifestarse pacíficamente”, explicó Ramírez. Añadió que la criminalización de la protesta puede tomar formas menos visibles, como dificultar la llegada de personas a las marchas, hasta otras más graves como detenciones o restricciones a la defensa jurídica.

La especialista insistió en la diferencia entre implementar medidas de seguridad y restringir derechos fundamentales. “Existe una diferencia clara entre salvaguardar el orden y limitar el derecho a la protesta, especialmente cuando quienes se movilizan son grupos históricamente vinculados a la exigencia de rendición de cuentas y denuncia de violaciones a derechos humanos”, puntualizó.

Familias buscadoras: víctimas de nuevas formas de violencia

Verónica Ramírez subrayó que las familias buscadoras y los movimientos estudiantiles tienen un papel histórico en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el país. “Han sido grupos sociales que han sostenido la exigencia de verdad y justicia”, señaló, recordando que muchas familias han tenido que asumir tareas de búsqueda ante la insuficiencia de las respuestas institucionales.

Limitar el derecho a la protesta de estos colectivos, advirtió, puede traducirse en nuevas formas de violencia y revictimización. “En el caso de las familias buscadoras, restringir su derecho a la protesta significa negarles un espacio fundamental para exigir información sobre el paradero de sus seres queridos y para mantener viva la demanda de justicia”, afirmó.

El Mundial no justifica la excepción ni la represión

Para la especialista, la organización de un evento global como el Mundial no debe utilizarse como justificación para restringir derechos constitucionales. Recordó que los estándares internacionales exigen que las autoridades no solo permitan las manifestaciones, sino que además garanticen la seguridad y la integridad de quienes participan en ellas, así como de quienes documentan estos hechos periodísticamente.

“El Estado mexicano no puede usar como pretexto un evento como el Mundial para implementar un estado de excepción y cometer violaciones a derechos humanos”, concluyó Ramírez. La exigencia de las familias buscadoras y de los colectivos sociales es clara: el Mundial 2026 debe ser compatible con el respeto irrestricto a los derechos humanos, y no convertirse en un argumento para reprimir la protesta ni invisibilizar las exigencias de verdad y justicia que siguen pendientes en México.