La industria empresarial mexicana encendió las alertas tras la aprobación de la reforma constitucional que reducirá de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) expresó su “profunda preocupación” por lo que calificó como un cambio estructural que modificará de forma significativa la operación del aparato productivo nacional.
Reforma laboral 2026: impacto directo en la industria y las pymes
En un posicionamiento público, el organismo industrial advirtió que la reducción de la jornada implica una reorganización profunda de turnos, procesos productivos y estructuras de costos, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en micro, pequeñas y medianas empresas integradas a las cadenas de valor.
Si bien reconoció la importancia de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sostuvo que la reforma carece de un diseño integral que contemple la heterogeneidad sectorial y el actual entorno de desaceleración económica.
A su juicio, el proceso legislativo derivó en una modificación constitucional que traslada presiones adicionales a la competitividad nacional.
CANACINTRA fija postura: “corresponsabilidad y no carga unilateral”
El organismo subrayó que cualquier reforma laboral debe sustentarse en un principio de corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas, evitando que los costos de transición recaigan exclusivamente en el sector productivo.
Como parte de su posicionamiento, consideró indispensable implementar medidas complementarias para amortiguar el impacto operativo y financiero que implicará el nuevo esquema laboral.
Propuestas planteadas por el sector industrial:
- Diseñar incentivos fiscales temporales para facilitar la transición.
- Establecer esquemas de flexibilidad sectorial y gradualidad diferenciada.
- Impulsar programas nacionales de productividad, capacitación y digitalización.
- Reducir cargas regulatorias y costos de cumplimiento.
- Fortalecer políticas públicas de formalización laboral.
Además, exhortó a las autoridades a abrir un proceso de revisión técnica permanente para evaluar el impacto real de la reforma y realizar ajustes regulatorios oportunos que eviten efectos adversos en empleo, inversión y crecimiento.
¿Cómo será la reducción de la jornada laboral en México?
La reforma ya concluyó su proceso en el Congreso de la Unión y establece un régimen transitorio que iniciará el 1 de enero de 2027.
Cada año se disminuirán dos horas hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.
Calendario aprobado:
- 48 horas en 2026 (año de preparación)
- 46 horas en 2027
- 44 horas en 2028
- 42 horas en 2029
- 40 horas en 2030
La reforma prohíbe la reducción de salarios y prestaciones como consecuencia del nuevo límite de horas.
También fija un nuevo tope de tiempo extraordinario, que será de hasta 12 horas semanales —actualmente son nueve— con un máximo de cuatro horas pagadas al triple, cuya transición se detallará en la legislación secundaria.
Congreso y legislación secundaria: reglas pendientes
Aunque la reforma constitucional requiere aún el aval de al menos 17 congresos estatales, se prevé que el proceso avance sin mayores contratiempos.
Una vez promulgada, el Congreso tendrá 90 días para modificar la Ley Federal del Trabajo y definir reglas específicas, como la obligación patronal de llevar un registro electrónico del tiempo laboral.
El dictamen legislativo considera viable la gradualidad para permitir ajustes operativos y contractuales sin generar disrupciones abruptas en los centros de trabajo.
Jornada laboral y segundo día de descanso: debate abierto
El nuevo límite semanal no elimina el esquema actual de seis días de trabajo por uno de descanso.
No obstante, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, explicó que el mantenimiento de jornadas de ocho horas diarias abre la posibilidad de que, en ciertos esquemas, se configuren dos días de descanso.
Desde el sector laboral se defendió mantener flexibilidad para permitir ajustes estacionales sin afectar ingresos.
Mientras tanto, la industria insiste en que la competitividad es condición indispensable para el desarrollo sostenible y reiteró su disposición a colaborar en la implementación de la reforma sin comprometer la estabilidad del aparato productivo.
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