
El Registro Nacional de Detenciones dio a conocer la existencia del aseguramiento de Gerardo N, exalcalde de Cuautempan, realizado por autoridades ministeriales en el estado de Tlaxcala y el posterior traslado de la persona detenida hacia instalaciones de procuración de justicia en Puebla.
El reporte oficial detalla que la captura fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial con fines de investigación y que el implicado quedó inicialmente a disposición de un juez local.
De acuerdo con la ficha difundida en la plataforma federal, la detención se efectuó en territorio tlaxcalteca en la calle Petra Márquez, colonia Mirasol en la noche de ayer 3 de enero.
Tras los primeros trámites legales, se determinó el envío del detenido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para realizar los procedimientos administrativos de entrega–recepción con su homóloga poblana.
El documento precisa que actualmente la persona se encuentra “en traslado”, etapa que forma parte del protocolo interinstitucional y al momento de su detención vestía chamarra y pantalón en color oscuro, tenis negros.
Estos son los presuntos delitos cometidos
Gerardo N enfrentaba múltiples cargos por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla y se encontraba prófugo desde mayo de 2025, cuando logró escapar de un cateo realizado, en uno de ellos encontraron y decomisaron drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.
Entre los delitos imputados se incluyen:
- Narcomenudeo y venta de drogas
- Extorsión y cobro de piso a comerciantes
- Secuestro
- Portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército
El excalcalde postulado por el partido Morena, había pedido licencia por salud y separarse de su cargo por 20 días, el cual le fue concedida por el Cabildo.
Su familia es reconocida por haber gobernado este municipio, donde su padre, Gerardo Cortés Betancourt, fue ya alcalde en dos ocasiones, la primera en 2008 y la segunda en 2018.
Especialistas en derecho penal consultados señalaron que este tipo de movimientos entre entidades federativas son habituales cuando existen carpetas de investigación abiertas en más de un estado o cuando la autoridad que giró la orden de aprehensión pertenece a otra jurisdicción.
Organizaciones civiles recordaron que, desde la creación del Registro Nacional de Detenciones, todas las corporaciones están obligadas a reportar de inmediato cualquier aseguramiento, con el objetivo de prevenir desapariciones forzadas y garantizar el derecho de familiares y defensores a conocer el paradero del detenido.
Hasta el momento, ninguna de las fiscalías involucradas ha emitido un comunicado público sobre los delitos que se investigan ni sobre la situación jurídica que enfrentará la persona una vez que sea puesta a disposición de las autoridades poblanas.
Se espera que en las próximas horas se defina si será presentada ante un juez de control para la formulación de imputación o si continuará bajo investigación ministerial.
Mientras concluye el traslado y se definen los siguientes pasos legales, el expediente permanece bajo reserva. Las autoridades han reiterado que será el Ministerio Público de Puebla quien determine las acusaciones formales, en caso de que existan, y que cualquier pronunciamiento deberá apegarse al debido proceso.
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