SRE informó que Brasil asumió representación diplomática de México en Perú tras conflicto

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este domingo que a solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano, de conformidad con los incisos b) y c) del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

La bandera de Brasil fue izada en la embajada de México en Lima este sábado, más de dos meses después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, confirmaron fuentes de la cancillería peruana.

De acuerdo con esas fuentes, la administración de la sede diplomática fue asumida por Brasil a solicitud del gobierno mexicano, en línea con los protocolos internacionales que permiten encomendar la representación a un tercer país tras la suspensión de vínculos bilaterales.

Tras las coordinaciones respectivas entre ambos gobiernos, las autoridades peruanas precisaron que Brasil solo podrá manejar asuntos diplomáticos, sin intervenir en temas consulares ni económicos en nombre de México.

En contraparte el Gobierno peruano anunció la finalización de las funciones de Carlos Jesús Rossi Covarrubias como cónsul general de Perú en la Ciudad de México. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 181-2025-RE y tiene como fundamento razones del servicio, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Por razones del Servicio, resulta necesario dar por terminadas las funciones del Ministro en el Servicio Diplomático de la República Carlos Jesús Rossi Covarrubias, como Cónsul General del Perú en la Ciudad de México”, se lee en el documento.

El nombramiento de Carlos Jesús Rossi Covarrubias como cónsul general en Ciudad de México se realizó en marzo de 2023, cuando existía un conflicto diplomático entre Perú y México. Esta designación siguió a la salida del embajador peruano después de los cuestionamientos del presidente López Obrador sobre asuntos internos de Perú, los cuales el Gobierno de Dina Boluarte consideró “inaceptables”.

Origen del conflictor reciente

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó en noviembre de 2025 su rechazo y pesar por la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que se concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, exfuncionaria del expresidente Pedro Castillo.

En un comunicado difundido este 3 de noviembre, la SRE sostuvo que el otorgamiento del asilo a Chávez se realizó en estricto apego al derecho internacional, conforme a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), tratado del cual México y Perú son Estados Parte.

El texto recalca que el asilo político es un acto legítimo y humanitario, y no puede considerarse una acción inamistosa ni una intervención en los asuntos internos de otro país

“México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional”, señala el pronunciamiento. Según el documento, la medida peruana es “excesiva y desproporcionada”, ya que se basa en una interpretación errónea del derecho de asilo y desconoce los principios de protección humanitaria que guían la política exterior mexicana.

La SRE explicó que la solicitud de asilo fue analizada “tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento legal”, de acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La decisión, añadió, se tomó conforme al artículo 11 de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo por motivos políticos.

Asimismo, el Gobierno mexicano recordó que la ex primera ministra Betssy Chávez denunció haber sido víctima de persecución política y de reiteradas violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023. En ese contexto, México actuó dentro de su tradición humanitaria y de su compromiso con los derechos humanos, tal como ha ocurrido en casos anteriores.