La Fiscalía General de la República (FGR), mediante su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, informó este 19 de enero de 2026 que desmanteló y aseguró un predio utilizado como presunto taller destinado a la elaboración de uniformes apócrifos de las fuerzas armadas.
La diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Malibrán, municipio de Veracruz.
El operativo para detener la fabricación se realizó tras obtener la autorización de un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la entidad para ejecutar una orden de cateo.
En los reportes oficiales, la FGR no informó detenciones derivadas de estos hechos.
Objetos asegurados durante el operativo en la colonia Malibrán
Durante el cateo realizado en la colonia Malibrán, las autoridades integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguraron una serie de objetos relacionados con la investigación en curso.
Entre los artículos incautados destacan los siguientes:
- 6 máquinas de coser tipo industrial
- 1 máquina cortadora de tela
- Herramientas asociadas a la confección textil en gran escala
Asimismo, se decomisaron seis chalecos verdes camuflados, seis chalecos color negro —algunos de estos últimos portaban insignias de la Policía Estatal— y un chaleco verde con café camuflado.
El operativo también permitió el aseguramiento de un rollo de tela color café con verde y rojo camuflado y un tramo de tela bordado con el nombre de una institución de las Fuerzas Armadas de México.
Estos hallazgos forman parte de las pruebas reunidas por las autoridades para fortalecer la investigación sobre la falsificación o uso indebido de uniformes e insignias de corporaciones oficiales.
Motivo del operativo y coordinación de las fuerzas participantes
El cateo en la colonia Malibrán se realizó como parte de las diligencias derivadas de una carpeta de investigación abierta por el delito de falsificación o uso indebido de uniformes, divisas, insignias o siglas de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades buscaban pruebas relacionadas con la fabricación y posible distribución de indumentaria oficial apócrifa.
La acción fue encabezada por efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en conjunto con peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Además, las autoridades informaron que el operativo contó con el respaldo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal (PE), quienes establecieron un perímetro de seguridad en la zona durante el desarrollo de las labores.
Esta coordinación interinstitucional permitió ejecutar la diligencia bajo condiciones de resguardo y legalidad, garantizando la protección de los involucrados y la preservación de la evidencia recabada.
Disposición de los bienes asegurados y seguimiento legal
Tras la conclusión del cateo, el inmueble intervenido y todos los objetos asegurados quedaron bajo la custodia del Ministerio Público Federal. Esta autoridad es la encargada de continuar las diligencias correspondientes, integrando los elementos a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Ministerio Público Federal procederá con los actos procesales que establece la ley para resolver la situación jurídica de los bienes y del inmueble, conforme a las pruebas obtenidas durante el operativo. El seguimiento legal busca asegurar que los objetos incautados se utilicen como evidencia en el proceso penal en curso.
Sanciones por crear uniformes falsos de las Fuerzas Armadas en México
La fabricación, falsificación o uso indebido de uniformes, insignias y divisas de las Fuerzas Armadas constituye un delito federal en México. De acuerdo con la legislación mexicana, quienes incurren en estas prácticas pueden enfrentar penas de prisión y sanciones económicas.
El Código Penal Federal establece que la falsificación o el uso de uniformes, divisas o insignias destinados a suplantar a miembros de instituciones militares o policiales, puede ser castigado con penas que van de uno a seis años de prisión. Además, la portación o fabricación con fines delictivos puede agravar la responsabilidad penal y conllevar sanciones adicionales.
Estas medidas buscan evitar que personas ajenas a las corporaciones oficiales utilicen la imagen institucional para cometer delitos o engañar a la población. La autoridad judicial determina la gravedad de la sanción conforme a las circunstancias específicas del caso y la intención demostrada por quienes portaban o fabricaban las prendas apócrifas.
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