
La nueva estrategia de auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 2026 pone el foco en un grupo muy definido de contribuyentes. El criterio principal para seleccionar a quienes serán auditados se centra en la detección de conductas que, según el propio SAT, pueden afectar la equidad fiscal y la recaudación.
En primer lugar, de acuerdo con un comunicado del SAT del pasado 5 de diciembre, serán sujetos a auditorías aquellos contribuyentes que participen en operaciones con empresas dedicadas a la emisión de facturas o nóminas sin respaldo real. También serán considerados quienes presenten pérdidas fiscales reiteradas, ya que esto podría indicar maniobras para reducir el pago de impuestos.
El SAT también observará con detalle a las personas o empresas que simulen o exageren deducciones, así como a quienes obtengan ingresos que no han sido incluidos en sus declaraciones fiscales. Otro grupo bajo vigilancia serán quienes abusen de los estímulos fiscales disponibles, distorsionando el objetivo de estas herramientas.

Figurarán en la lista de posibles auditados los que presenten discrepancias notables entre el volumen de importaciones o compras y el de ventas registradas. También recibirán atención quienes importen productos con precios inferiores al de mercado y no cumplan con regulaciones ajenas a los aranceles.
SAT ha señalado que pondrá especial énfasis en quienes omitan el pago de retenciones correspondientes a sus empleados. Además, se revisarán operaciones con paraísos fiscales, solicitudes de devoluciones que no proceden y casos donde la tasa impositiva efectiva sea considerablemente menor a la de su sector.
Cambios relevantes en trámites y auditorías del SAT

El SAT anunció que a partir de 2026 solo se realizará una auditoría por contribuyente cuando se detecten incumplimientos. Esta medida busca optimizar el uso de recursos y reducir la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas.
En los procesos de revisión, el SAT no solicitará la totalidad de la documentación, sino únicamente una muestra de las partidas sujetas a examen. Este cambio permite focalizar la fiscalización y evitar la exigencia excesiva de papeles, agilizando los trámites.
La autoridad fiscal también se comprometió a que los criterios de auditoría y fiscalización serán aplicados de manera uniforme en todas las oficinas del país.
Entre los aspectos operativos, el SAT destacó que los tiempos de devolución para personas físicas serán de cinco días en promedio, mientras que para empresas se establece un plazo de 30 días. El marco legal otorga hasta 40 días hábiles, por lo que los nuevos plazos representan una mejora en la atención.
Supervisión sobre transferencias y depósitos en 2026

Durante 2026, la vigilancia sobre transferencias electrónicas y depósitos bancarios será más estricta, aunque no implicará la imposición de nuevos impuestos ni sanciones automáticas. El SAT enfatizó que las multas solo serán aplicables cuando los fondos recibidos no tengan justificación legal o no hayan sido declarados conforme a la normativa vigente.
La supervisión se fortalece con la colaboración de los bancos y la implementación del Monto Transaccional del Usuario, un sistema digital que limita las transferencias y exige validaciones adicionales cuando se superan ciertos importes. Esta medida facilita la identificación de operaciones inusuales, aunque no genera automáticamente sanciones fiscales.
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