“La cámara no funciona” o “no alcanzó a captar nada” son frases instaladas como argumento defensivo, coartada o incluso acusación política vertidas eventualmente ante una emergencia o tentativa delictiva. Un recurso cómodo porque suena técnico y definitivo.
Aunque esa idea, tan extendida como infundada, dice más sobre nuestra propensión al engaño que sobre el funcionamiento real del sistema de videovigilancia más robusto de América.
Esa narrativa ignora dos datos básicos. El primero, el 98 por ciento de las cámaras se encuentran funcionales, un nivel dentro de parámetros internacionales para infraestructuras críticas de esta escala. El segundo: la videovigilancia no opera como una cámara doméstica, sino como una red compleja, expuesta a variables técnicas, jurídicas y humanas.
Cuando una cámara no transmite imágenes puede deberse, principalmente, a problemas de conectividad o interrupciones en el suministro eléctrico, frente a los cuales el C5 está abierto a todo reporte. No hay misterio ni conspiración. Creer que un sistema con más de 112 mil dispositivos no enfrentará incidentes técnicos es tan ingenuo como suponer la ausencia de encharcamientos durante la lluvia.
Lo relevante es lo que suele omitirse. La lógica del sistema no depende de una sola cámara. Cuando una no funciona, otras cubren ángulos distintos, trayectorias previas o rutas de escape. De esa manera, la investigación no se agota en el punto exacto donde ocurrió el hecho, se reconstruye a partir de recorridos, tiempos y patrones.
La distorsión del “no hay video” se alimenta del desconocimiento sobre cómo se solicita y resguarda el material, así como de la expectativa errónea de la petición y recepción de cualquier persona.
Víctima, imputado o su representante legal pueden solicitar el resguardo del video como evidencia, pero el camino no es directo ni arbitrario. El primer paso es presentar una denuncia ante el Ministerio Público, instancia que solicita formalmente el material al C5 y lo recibe para integrarlo a la carpeta de investigación.
Este diseño protege la cadena de custodia, evita la manipulación de evidencia y resguarda datos personales de terceros. Sin ese filtro institucional, la videovigilancia dejaría de ser una herramienta de justicia para convertirse en un mercado de imágenes sensibles.
El volumen de solicitudes confirma que el sistema se usa e integra cotidianamente a la procuración de justicia. En promedio, en el C5 recibimos 160 solicitudes diarias de resguardo de videos.
En la coyuntura con el Día de los Inocentes, cuando son comunes la broma, el engaño ligero o la noticia falsa, tenemos la oportunidad de no ser inocentes palomitas y atender la realidad de la videovigilancia.
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