La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 12 años y seis meses de prisión en contra de Manuel “N” bajo los cargos de tentativa de homicidio, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Estas acciones se realizaron luego de que elementos de la Guardia Nacional (GN), fueron agredidos por personas armadas en la comunidad de Rancho Nuevo al llevar a cabo recorridos de seguridad y vigilancia en diversas localidades de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas. Los trabajos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se habían realizado en el mes de mayo del presente año.
“Al repeler el ataque, las autoridades revisaron el lugar y lograron la detención de Manuel ‘N’, a quien le aseguraron cinco armas largas tipo fusil, dos cortas y una tipo ametralladora, 15 cargadores y 389 cartuchos”, señala el comunicado de la FGR.
La fiscalía agregó que “el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, la cual reunió pruebas contundentes para obtener, en procedimiento abreviado, la sentencia referida".
Otros ataques a elementos de seguridad en Zacatecas
Esto ocurrió meses antes de un nuevo ataque ocurrido el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 por la tarde, en el que atacaron con explosivos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) en un camino rural de Luis Moya.
El hecho provocó la movilización de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno y aunque no dejó lesionados entre los agentes, si causó daños materiales a la patrulla, según reportó El Sol de Zacatecas.
De acuerdo con información de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, el ataque ocurrió cuando elementos de la PEP respondían a un reporte en las inmediaciones del panteón municipal de Luis Moya.
Al llegar al sitio, se registró el estallido, lo que generó alarma en la población local por la intensidad del estruendo y la columna de humo visible desde varios kilómetros.
Siete civiles armados abatidos en enfrentamiento
La agresión se produce en un contexto de violencia reciente contra corporaciones de seguridad, pues el pasado miércoles 17 de diciembre, en el municipio de Villa García, a unos 60 kilómetros del sitio de la explosión, policías estatales enfrentaron un ataque armado que resultó en la muerte de siete civiles armados.
Las autoridades investigan si el uso de explosivos en Luis Moya guarda relación directa con estos hechos previos. En conferencia de prensa, Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, vinculó el ataque más reciente con el enfrentamiento en Villa García.
El fiscal afirmó que uno de los fallecidos en ese enfrentamiento tenía antecedentes criminales en Nayarit, una orden de aprehensión vigente por robo de vehículos y registros por narcomenudeo.
“Pudiera tratarse de la reacción de este grupo delictivo, pero no nos van a doblar, no nos vamos a detener, porque estoy seguro de que es una estrategia en Zacatecas que es sólida, y vamos a continuar avanzando”, declaró Camacho Osnaya.
Sobre el uso de explosivos, el fiscal descartó dispositivos complejos, como drones, y explicó que se investiga el tipo de material utilizado en el atentado. Añadió que se tiene plenamente identificado a un grupo delictivo, con presencia en Michoacán y Guanajuato, que ha utilizado este tipo de tácticas.
Para fortalecer la capacidad de respuesta, el lunes anterior llegó a la fiscalía estatal una pastor belga malinois, entrenada para detectar siete tipos de explosivos, donada por el gobierno de Estados Unidos, quien se incorpora a las acciones de inteligencia y combate al crimen organizado en la entidad.
El secretario de Seguridad de Zacatecas, Medina Mayoral, también se refirió a las recientes agresiones contra policías y cuestionó el papel de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), al considerar que la institución protege a presuntos delincuentes pese a la existencia de más de 200 denuncias por abuso policial.
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