El surgimiento de los "narcobucheros" en el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, trajo como consecuencia crisis ambientales, transformaciones socioeconómicas y la expansión del crimen organizado en una de las regiones más sensibles de México.
La pesca de totoaba, históricamente fundamental para la subsistencia local, se transformó en el eje de una red internacional de tráfico ilegal, con la participación de cárteles mexicanos y mafias chinas.
Con esto, se generaron consecuencias directas sobre la biodiversidad y la seguridad de las comunidades. Así lo documenta el artículo de Alejandro Bonada Chavarría en HALAC – Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña, en el que reconstruye el proceso histórico y social detrás de este fenómeno.
Los “narcobucheros” y la alta demanda de totoaba
El punto de inflexión llegó entre 2012 y 2013, cuando el negocio del buche de totoaba, altamente valorado en el mercado asiático por sus supuestas propiedades afrodisíacas y curativas, atrajo la atención del Cártel de Sinaloa y de redes criminales chinas.
La extinción de la bahaba en China, especie similar a la totoaba, disparó la demanda y los precios: un kilo de buche podía alcanzar hasta 160 mil dólares en Hong Kong, según cifras recogidas por HALAC.
La poca vigilancia, los bajos costos de inversión y la alta impunidad facilitaron la consolidación de una red internacional de tráfico, con base en las playas del Alto Golfo.
El Cártel de Sinaloa, aprovechando su experiencia en el trasiego de drogas y su estructura organizada, articuló la cadena de captura, acopio, secado y transporte del buche de totoaba, en colaboración con mafias chinas asentadas en California y el sureste asiático.
San Felipe se convirtió en el principal nodo de extracción y distribución, con rutas que conectaban hacia Ensenada, Tijuana, Mexicali y, finalmente, a través de la frontera, hacia Estados Unidos y Asia.
“Los narcobucheros”
La economía del tráfico de totoaba dio origen a los llamados narcobucheros: pescadores locales que, ante la falta de alternativas, se integraron a las redes delictivas, así como criminales foráneos que incursionaron directamente en la pesca.
Esta nueva estructura social generó una marcada desigualdad, con la aparición de caciques y narcobucheros que ostentan propiedades y lujos, en contraste con la precariedad del resto de la población.
La violencia se intensificó a partir de 2016, con disputas entre bandas, operativos militares y colusión de autoridades, fenómeno que la prensa local denominó “la disputa por la plaza narcobuchera”.
El testimonio de un pescador anónimo recogido por HALAC ilustró la percepción de impunidad y complicidad.
“Si bien las autoridades nos prohíben salir a trabajar a los pescadores honestos, los delincuentes que están al servicio de la alianza de mafiosos chinos y cártel de Sinaloa y que controlan el tráfico (de totoabas) se pueden infiltrar con protestas pacíficas tendientes a generar violencia y a distraer a la sociedad de tal modo que pueden seguir yendo a colocar sus redes de enmalle”.
El impacto ambiental de la economía narcobuchera es devastador. La pesca ilegal de totoaba utiliza redes de enmalle que capturan incidentalmente a la vaquita marina, cuya población cayó de 245 ejemplares en 2008 a solo 59 en 2015, según datos de C4ADS citados por HALAC.
Organizaciones como Greenpeace, Sea Shepherd y WWF han denunciado la urgencia de eliminar estas redes para evitar la extinción del cetáceo, aunque sus propuestas generan controversia entre las comunidades locales, que ven amenazada su subsistencia.
Las acciones de ONGs y el Estado han incluido vigilancia marítima, decomisos y campañas internacionales, pero también han provocado enfrentamientos con los pescadores. En 2019, una embarcación de Sea Shepherd fue atacada por narcobucheros, y un operativo de la Marina derivó en heridos y protestas violentas en San Felipe.
El inicio de la pesca de totoaba
La historia de la pesca en el Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado se remonta a la colonización de la región, cuando la fundación de San Felipe (Baja California), Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara (Sonora) en las primeras décadas del siglo XX , alrededor de 1925, marcó el inicio de una economía pesquera floreciente.
La totoaba, un pez endémico de gran tamaño y longevidad, se convirtió en uno de los pilares económicos de la zona, junto con el camarón y otras especies. Sin embargo, la sobreexplotación, la construcción de presas río arriba y la reducción del caudal del Colorado provocaron una drástica disminución de las poblaciones de totoaba y alteraron el equilibrio ecológico.
Durante la década de 1970, la presión sobre los recursos marinos llevó a la declaración de la totoaba como especie en peligro de extinción y a la prohibición de su captura. A pesar de estas medidas, la pesca continuó de manera clandestina, mientras la economía local sufría el impacto de la caída de las capturas y la reducción de los apoyos gubernamentales.
La creación de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en 1993, impulsada por el Estado mexicano y ONGs ambientalistas como Greenpeace, buscó proteger la biodiversidad, pero generó tensiones con las comunidades pesqueras y pueblos originarios, como los cucapá, quienes denunciaron criminalización y racismo en la aplicación de las políticas de conservación.
La transición hacia políticas neoliberales en la década de 1990, junto con la implementación de la reserva, profundizó la crisis económica de los pescadores.
La reducción de subsidios, la apertura al libre mercado y las restricciones a la pesca legal dejaron a muchas cooperativas al borde de la quiebra. Según datos citados por HALAC, la captura de camarón, principal producto de exportación, cayó de 7 mil toneladas métricas en 1989 a 2 mil en 1993.
Para los cucapá, la situación fue aún más difícil, ya que su zona de pesca quedó dentro del área núcleo de la reserva, enfrentando acoso y discriminación por parte de las autoridades.
En este contexto de precarización, la pesca ilegal de totoaba se mantuvo como una alternativa de subsistencia, aunque de alto riesgo. La presión de ONGs y el Estado para proteger a la vaquita marina, cetáceo endémico y también en peligro de extinción, intensificó los operativos contra los pescadores, generando episodios de violencia y protestas locales.
La tensión entre la conservación ambiental y la justicia social sigue sin resolverse en la actualidad mientras la región enfrenta un estado de violencia y una degradación sin precedentes.
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