La reapertura de la investigación judicial en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), generó una amplia reacción de respaldo por parte de intelectuales, académicos, artistas y activistas, quienes exigieron al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República (FGR) “el cese inmediato de cualquier investigación infundada”.
A través de un desplegado público, más de 80 figuras del ámbito cultural, político y académico mexicano manifestaron su preocupación por el uso del aparato penal del Estado en contra de la analista política. Esto al advertir que el caso podría sentar un precedente riesgoso para el Estado de derecho y el ejercicio de derechos ciudadanos.
¿Quiénes firman el desplegado en apoyo a María Amparo Casar
Entre los firmantes del pronunciamiento destacan nombres como los siguientes:
- Héctor Aguilar Camín
- Carlos Elizondo Mayer-Serra
- Clara Jusidman
- Denise Dresser
- Diego Valadés
- Enrique Serna
- Joaquín Cosío
- Jorge G. Castañeda
- Julián LeBaron
- María Elena Morera
- Roger Bartra
- Sergio Aguayo
Entre otros personajes que destacan por ser críticos al régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).
En concreto, señalaron su “grave preocupación” por la apertura y conducción de una investigación penal carente de sustento jurídico, dirigida contra una figura pública conocida por su labor crítica frente al poder político y por encabezar una organización dedicada al combate a la corrupción.
El origen del caso: la pensión vitalicia de Pemex y la investigación de la FGR
La controversia se remonta a al año 2024 cuando la FGR informó que abrió una carpeta de investigación contra Casar Pérez y sus hijos por la presunta obtención ilícita de una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), otorgada tras la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, antiguo coordinador de asesores de la petrolera y fallecido en 2004.
La fiscalía federal sostiene que el deceso no habría sido accidental, sino producto de un “suicidio”, argumento con el que cuestiona la legalidad del otorgamiento de la prestación. Este señalamiento detonó una disputa legal y política que ha escalado al plano público.
Audiencia cancelada, pero proceso legal abierto: el desarrollo del caso Márquez Padilla
La presión mediática aumentó luego de que se cancelara la audiencia inicial en la que Casar escucharía formalmente la imputación en su contra. Aunque el caso sigue abierto, la suspensión alimentó críticas sobre la solidez jurídica del expediente y el manejo institucional del proceso.
Para los firmantes del desplegado, el aplazamiento no disipa el fondo del problema: la utilización del derecho penal para cuestionar el acceso a una prestación reconocida en el marco legal vigente.
En el documento, los intelectuales subrayan que la pensión de viudez es un derecho adquirido, protegido por la ley; por tanto, criminalizar su ejercicio vulnera principios fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y la no criminalización de derechos.
“El uso del aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso”, advierte el pronunciamiento, al alertar sobre la posibilidad de que millones de ciudadanos puedan ser perseguidos por ejercer derechos consagrados en la ley.
Críticas al uso del derecho penal y defensa del debido proceso
Los firmantes cuestionan que recursos institucionales se orienten a una causa en la que, aseguran, no existe conducta típica, antijurídica ni culpable, y destacan que el caso podría interpretarse como un mensaje intimidatorio hacia quienes ejercen la crítica pública y la vigilancia ciudadana del poder.
Por ello, exhortan a la Fiscalía General de la República a conducirse bajo los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y a desistir de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación sin base jurídica suficiente.
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