FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo más de 62 millones de pesos como reparación del daño a favor del Estado Mexicano en contra de dos exfuncionarios relacionados con la Estafa Maestra.

El caso se refiere al proceso penal en contra de Ricardo “M”, quien se desempeñaba como Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), así como de José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México.

De acuerdo con la FGR, ambos fueron acusados por suscribir un convenio en el que se advirtieron irregularidades, esto debido a que no se garantizaron “las mejores condiciones para el Estado” respecto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Las irregularidades se detectaron debido a que la universidad subcontrató la totalidad de los servicios convenidos con la entonces Secretaría de Desarrollo Social a un precio inferior, lo que provocó un daño a la hacienda pública federal por la misma cantidad que se efectuó la reparación.

Reparación del daño por subcontratar el servicio a precio inferior

La Fiscalía General de la República obtuvo la reparación del daño a favor del Estado Mexicano por la cantidad de 62 millones 877 mil 192 pesos en contra de los dos exfuncionarios al determinarse su responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Esto se logró luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de Ricardo “M” y José “M”, a quienes se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño para el Estado al que fueron condenados.

Cabe señalar que el modus operandi detectado en el caso de la Estafa Maestra se centró en que secretarías contrataron universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas, lo que obligaba a las instituciones a subcontratar a una o varias empresas.

De acuerdo con la investigación realizada por Animal Político, la triangulación de los recursos por parte de las universidad les permitió cobrar mil millones de pesos como “comisión”, aunque no hayan brindado servicios.

La investigación detectó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos que le fueron entregados a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos debido a que no contaban con la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios por los que fueron contratadas, y algunas de ellas, incluso no existían.

Uno de los últimos arrestos llevados a cabo por hechos relacionados a este caso ocurrió el pasado 7 de noviembre, cuando elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Su captura se efectuó en la ciudad de Cuautla, Morelos, en cumplimento de una orden de aprehensión por el delito de peculado. Las autoridades señalan que el exrector enfrenta acusaciones por la presunta desviación de recursos federales que superan los 290 millones de pesos.