
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el jueves pasado la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la Ley General de Aguas, calificando el hecho como “algo trascendente”.
Al encabezar el evento ‘7 años de Transformación’, en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria expresó su agradecimiento a los diputados y senadores por la aprobación de la iniciativa impulsada por su gobierno.
“Agradezco a diputados, diputadas y senadores la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales. Es algo trascendente”, puntualizó.
En este sentido, Sheinbaum Pardo recalcó que con la aprobación de la reforma “se recupera el agua como recurso natural de la nación” y el derecho humano” a tener acceso al suministro de dicho recurso.
Aseveró que la Ley evita el acaparamiento “para beneficio de unos cuantos en detrimento de la mayoría”.
“Esa fue la reforma a la Ley de Aguas. ¡Un aplauso a nuestros diputados y senadores, patriotas!“, concluyó.
Así aprobó el Congreso de la Unión la Ley de Aguas
El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con 85 votos a favor y 36 en contra.
Esto pocas horas después de que fue remitida por la Cámara de Diputados, donde la iniciativa fue discutida por más de 24 horas antes de su aprobación.
De acuerdo con el Senado, esta iniciativa regula el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, dando prioridad al consumo humano y doméstico en permisos y concesiones.
Durante el debate, legisladores de distintos partidos expresaron opiniones polarizadas respecto al alcance de la reforma.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, defendió la legislación al enfatizar que el interés central es la persona y la protección de campesinos, eliminando el acaparamiento y la visión mercantilista del agua.
Por el contrario, voces como la de Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, alertaron que la ley podría favorecer la manipulación política y electoral, otorgando mayor poder discrecional al Gobierno Federal sobre concesiones.
Otros legisladores subrayaron que la reforma transforma el agua en un bien social, pero también hubo cuestionamientos por falta de estudios económicos y de consulta a pueblos originarios, así como posibles riesgos de excesivo control gubernamental.
Además, la legislación reconoce la personalidad jurídica de más de 70 mil comités de agua y establece mecanismos para la participación ciudadana y de entidades federativas.
El documento fija políticas de inclusión y equidad, considerando enfoques de género, discapacidad y diversidad cultural, y fue finalmente remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
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