Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pactó la entrega de 80 millones de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad en una corte federal en Chicago, Illinois. Dicha cantidad es equivalente a la suma que su hermano Ovidio se comprometió a pagar en su acuerdo de julio pasado, aunque significativamente menor a los 15 mil millones de dólares que Ismael “El Mayo” Zambada aceptó pagar en agosto.
El documento del acuerdo de culpabilidad registra que Joaquín Guzmán López admitió ante la jueza Sharon Johnson Coleman su participación en conspiración para distribuir y fabricar sustancias controladas, empresa criminal continua, importación de narcóticos, lavado de dinero y uso de armas durante operaciones de tráfico.
La acusación incluyó coordinación para transportar toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana desde Sudamérica y México hacia territorio estadounidense.
La fiscalía lo describió como “principal administrador y organizador” del Cártel de Sinaloa, que lidera la facción conocida como Los Chapitos, junto a sus hermanos Iván Archivaldo, Ovidio y Jesús Alfredo Guzmán.
En el documento se señala que el hijo de “El Chapo” supervisó operaciones logísticas, manejo de rutas y protección armada, además de gestionar redes de lavado de dinero y transferencias internacionales.
Su papel en Los Chapitos
Entre los elementos consignados por la United States District Court, se detalla que Guzmán López coordinó procesos de importación, almacenamiento y distribución de drogas, así como el uso de infraestructuras sofisticadas, desde túneles fronterizos hasta aviones privados, trenes, barcos, remolques, semisumergibles, tráileres y casas de seguridad, tanto en Estados Unidos como en México.
El documento legal destaca la fabricación clandestina de narcóticos, la seguridad armada y la obtención de recursos a través de estrategias de violencia, corrupción y sobornos a autoridades locales y federales.
Además de las actividades ilícitas, la corte documentó la utilización de redes de transporte internacional y almacenes, con apoyo de cientos de personas bajo su gestión. La organización de Los Chapitos mantuvo canales de operación y lavado de dinero que involucraron cifras millonarias y el envío de producto hacia varios estados norteamericanos.
El acuerdo judicial enumera de forma precisa las sustancias y volúmenes de drogas cuya operación admitió Joaquín Guzmán López:
- 36 kilogramos de fentanilo
- 90 kilogramos de heroína
- 450 kilogramos de cocaína
- 45 kilogramos de metanfetamina
- Más de 90,000 kilogramos de marihuana
Además, Guzmán López y Los chapitos empleaban esquemas elaborados de lavado de dinero, entre ellos:
- Transferencias bancarias y electrónicas
- Movimientos de valores a través de bienes materiales, autos, mercancías y aviones
- Estructuración de depósitos bancarios de bajo monto para evitar controles
- “Bulk cash smuggling”, es decir, movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo en compartimentos ocultos o a través de mensajeros.
¿Qué dice su acuerdo con EEUU?
- Entrega de 80 mdd y autorización de monitoreo
El acuerdo judicial incluye compromisos financieros estrictos: Guzmán López acepta la confiscación inmediata de activos y dinero por una cantidad equivalente a 80 millones de dólares, y autoriza que, si no cuenta con bienes suficientes, se pueda imponer un decomiso sustitutivo sobre otros bienes a su nombre.
La corte especificó que este decomiso no reemplaza otras sanciones económicas o multas que puedan imponerse con la sentencia definitiva.
Por otro lado, se impone a Guzmán López la obligación de entregar información periódica y fidedigna sobre sus ingresos, gastos y patrimonio, tanto durante el periodo de encarcelamiento como tras el cumplimiento de la condena, si existiera sentencia pendiente, multa o proceso abierto.
- Renuncia formal a derechos procesales
En materia migratoria, “El Güero” aceptó de forma expresa que podrá ser expulsado automáticamente del país tras cumplir su sentencia, y renunció por escrito a apelar, impugnar o revertir la expulsión o el acuerdo, salvo en circunstancias extraordinarias muy específicas.
- Cooperación total con las autoridades
El sentenciado deberá testificar y aportar información en procesos relacionados con la estructura criminal a la que se le asocia, sin posibilidad de retractarse ni impugnar el contenido del acuerdo salvo en situaciones muy específicas, como asesoría legal ineficaz o consentimiento no voluntario.
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