
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Federico Ávila Anaya presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Partido Acción Nacional (PAN) por presunto uso indebido de recursos públicos así como al creador de contenido Edson Andrade por presuntos gastos no reportados y triangulación de recursos a través de propaganda simulada a favor de ese partido.
En entrevista con Radio Fórmula, el diputado morenista señaló que Andrade —Uno de los principales promotores de la marcha de la Generación Z— quien se decía apartidista fue el mismo que Luisa María Alcalde Luján expuso cuando reveló un presunto contrato donde el PAN pagaba al creador por dos millones 106 mil 810 pesos.
“La enorme sorpresa es que este joven tenía un contrato por más de dos millones 100 mil pesos, estaba recibiendo 175 mil pesos mensuales, más de lo que gana la presidenta por el concepto, en teoría llamado estrategia digital... ahí demostramos que había un interés político, que el PAN estaba pagando este mal llamado Movimiento de la Generación Z”, explicó Ávila.

Asimismo el legislador precisó que cuando participó en un debate con la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña y le mostró el contrato de Andrade, según Ávila, la dirigente dijo que:
“En el PAN tenían un tope legal que no podían pagar más del 35% de nóminas del presupuesto total, pues ellos hacían contratos y así pagaban otros conceptos”.
Asimismo el morenista explicó que la declaración de Gutiérrez fue un reconocimiento de “una falta administrativa gravísima... es un esquema de triangulación de recursos”, manifestó para Radio Fórmula.
¿Qué sigue para el PAN? Ávila enlistó los riesgos que tiene el Partido Acción Nacional, tras su denuncia en el INE, destacando que podrían:
- Pagar una sanción millonaria.
- Que la gestión actual sea auditada.
- Pedir su registro como partido.
El PAN solicitó intervención de la CIDH

Cabe recordar que la denuncia de Ávila surge en el contexto donde políticos del PAN han sido señalados por financiar y organizar los hechos violentos que se suscitaron durante la manifestación de la Generación Z, dejando un saldo de 100 policías y 20 personas heridas.
Por ello, el pasado viernes 26 de noviembre, la comitiva del Comité Ejecutivo Nacional del PAN llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington una relatoría que documenta los actos de represión y violencia sufridos por jóvenes mexicanos durante la marcha de la Generación Z, realizada el sábado 15 de noviembre en el Zócalo de la CDMX.
La delegación, integrada por Jorge Triana Tena, Roberto Gil Zuarth, Noemí Luna Ayala, Annia Gómez Cárdenas y Fernando Torres Graciano, sostuvo una reunión formal con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villareal, con el objetivo de internacionalizar la denuncia sobre la situación de las libertades en México.
Durante el encuentro, los representantes de Acción Nacional advirtieron que los hechos del 15 de noviembre constituyen un episodio alarmante en el deterioro de las libertades en el país, al sumarse a una serie de antecedentes históricos de represión contra jóvenes y a un contexto de creciente estigmatización y criminalización de la protesta social.
En la conferencia de prensa el asesor jurídico PAN, Roberto Gil Zuarth, detalló que se entregaron dos documentos a la CIDH, acompañados de tres solicitudes específicas. Recordó que Acción Nacional ya había recurrido al Sistema Interamericano en 1992, en el contexto de los fraudes electorales en Chihuahua.
“Confiamos en que el Pleno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su momento, analice estas peticiones y logremos estos propósitos. México debe ser una democracia de libertades en la cual no se calle la protesta social con violencia”, expresó Gil.
Por su parte, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana Tena, manifestó su expectativa de que la CIDH solicite un informe formal al Gobierno de México sobre la represión del quince de noviembre y sobre el estado de las investigaciones policiales: si existen indagatorias, cuántos elementos han sido separados de sus funciones, cuántos están bajo investigación y si hay alguna pesquisa real, considerando la “hermeticidad” de las autoridades.
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