Cada clic, inicio de sesión o compra en línea forma parte de un ecosistema donde la protección es responsabilidad compartida entre plataformas, comercios y consumidores.
En su teoría de la “sociedad del riesgo”, Ulrich Beck, publicada hace casi cuatro décadas, vislumbraba amenazas que ningún actor podría gestionar solo. El fraude digital encarna esta dinámica: nadie tiene la capacidad absoluta de controlarlo, pero todos pueden influir en su probabilidad de ocurrencia.
Las plataformas que procesan pagos diseñan los túneles por donde transita el dinero; los comercios generan los puntos de contacto donde se captura información personal; y los consumidores deciden cómo y desde dónde se conectan.
Por eso, pensar la protección digital como un acto unilateral —confiar ciegamente en un antivirus, en un candado en la barra del navegador o en un dispositivo “inteligente”— es una ilusión que desconoce la complejidad del entorno.
En el marco de fechas de consumo masivo, como el Black Friday o el Cyber Monday, esta fragilidad se multiplica. Pero el problema no es el calendario, sino el comportamiento. Ahí está el desafío de fondo: convertir la alfabetización digital en un bien público, no en un privilegio individual.
Las plataformas tienen la primera responsabilidad: diseñar entornos seguros que reduzcan al mínimo la posibilidad de engaño. Esto implica sistemas de verificación robustos, monitoreo en tiempo real, autenticación reforzada y filtros que identifiquen patrones atípicos.
Los comercios digitales, por su parte, deben asumir que la transparencia es parte del servicio al cliente. Describir con claridad políticas de devolución, garantizar procesos de pago certificados y evitar redirecciones innecesarias reduce la incertidumbre que los delincuentes suelen explotar.
Pero la prevención no se completa sin el tercer actor. La o el usuario, son agentes que puede reforzar o debilitar la cadena de seguridad. Revisar la URL, activar la autenticación multifactorial, desconfiar de promociones absurdas, evitar redes públicas y verificar la reputación del comercio son actos de autoprotección equivalentes a cerrar la puerta de casa o no caminar con el celular a la vista en una zona desconfiable.
En la Ciudad de México, con el impulso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el andamiaje institucional para atender fraudes avanza, pero depende de la denuncia como insumo crítico.
Las líneas del C5 representan un componente esencial de esta arquitectura: el 089 permite denunciar de manera anónima, y la línea 55 5036 3301, especializado en atención de extorsión y fraude. En promedio, cada día atendemos 10 casos de estafas.
Disminuir el impacto del fraude digital implica alfabetización digital preventiva para defender la navegación en entornos confiables.
* El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
@guerrerochipres
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