Por tercer año, habitantes de Xoco clausuran de manera simbólica la plaza Mítikah por gentrificación en la zona

Denuncian pérdida de territorio, desplazamiento de familias y afectaciones a la salud por el megaproyecto en Benito Juárez

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Habitantes del pueblo de Xoco
Habitantes del pueblo de Xoco realizaron por tercer año consecutivo la clausura simbólica del complejo Mítikah en Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro

Por tercer año consecutivo, habitantes del pueblo originario de Xoco, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, realizaron una clausura simbólica de la plaza comercial Mítikah, ubicada sobre Circuito Interior, en la alcaldía Benito Juárez, para denunciar múltiples afectaciones derivadas del megaproyecto inmobiliario, entre ellas desabasto de agua, aumento excesivo del predial, problemas de salud, pérdida de movilidad y desplazamiento de familias originarias.

Durante la manifestación, Álvaro Antonio Rosales, representante de la autoridad tradicional del pueblo de Xoco, acusó que los habitantes enfrentan una grave crisis de servicios básicos desde que se levantó el complejo comercial y habitacional.“Podemos hablar del agua… no tenemos; podemos hablar del aumento del predial y de los impuestos; de salud, que gracias a sus vidrios inteligentes tenemos más radiación y de falta de movilidad dentro del pueblo”, expresó el representante ante los asistentes.

Los inconformes se concentraron en una de las entradas principales de la plaza Mítikah, donde colocaron mantas, sellos simbólicos y realizaron un mitin para visibilizar lo que consideran una serie de abusos urbanísticos tolerados por las autoridades capitalinas. Aseguraron que el complejo acapara alrededor del 12% del total del agua destinada a todo el pueblo de Xoco, lo que ha agravado el problema de desabasto en viviendas y comercios tradicionales de la zona.

Además, denunciaron que con la construcción de Mítikah se privatizó la calle de Real de Mayorazgo, lo que vulneró de manera directa el derecho a la movilidad de los habitantes, obligándolos a modificar sus rutas cotidianas y afectando el libre tránsito dentro de su propio territorio.

Otro de los reclamos centrales fue el incremento desproporcionado del impuesto predial, que de acuerdo con los vecinos ha aumentado hasta en un 360 %, lo que ha puesto en riesgo la permanencia de numerosas familias que históricamente han habitado el pueblo. Para muchos, este aumento hace imposible solventar los costos de vivir en la zona y empuja al desplazamiento forzado.

Los manifestantes acusan privatización de
Los manifestantes acusan privatización de calles, afectaciones a la salud y desplazamiento de familias originarias. (X @alexmelon)

Carmen, vecina del pueblo y miembro de la asamblea local de Xoco, denunció que este tipo de megaproyectos responde a un modelo urbano excluyente que beneficia a grandes desarrolladoras a costa de las comunidades originarias.“Los grandes desarrollos concentran beneficios fiscales, consumen recursos públicos y refuerzan desigualdades, mientras las familias originarias enfrentamos desplazamiento, discriminación, pérdida de nuestro territorio y de nuestra comunidad”, afirmó.

Los manifestantes señalaron que el impacto no sólo es urbano y económico, sino también social, cultural y ambiental, pues el crecimiento desmedido de este tipo de complejos transforma radicalmente la vida comunitaria, rompe con las dinámicas tradicionales del pueblo y afecta incluso la salud de los habitantes, quienes acusan mayores niveles de radiación y cambios en el microclima de la zona.

Ante este panorama, los vecinos exigieron a las autoridades capitalinas el cumplimiento inmediato de la Recomendación 11/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), así como garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad de los habitantes de Xoco.

Entre sus demandas también destacan: detener el aumento de impuestos, garantizar el suministro suficiente de agua, frenar la autorización de más proyectos inmobiliarios en la zona y respetar plenamente los derechos de los pueblos originarios de la capital.

Finalmente, advirtieron que continuarán con las movilizaciones, acciones legales y protestas públicas hasta que sus exigencias sean atendidas y se reparen las afectaciones provocadas por uno de los desarrollos inmobiliarios más polémicos del sur de la Ciudad de México.