La activista Olimpia Coral Melo, impulsora nacional de la llamada Ley Olimpia, exigió públicamente al gobierno de Baja California garantizar la correcta aplicación de esta legislación, luego de que el caso de Johanna Gutiérrez Fabián, víctima de violencia digital, no pudiera judicializarse como tal debido a la falta de una Policía Cibernética en Mexicali.
“#JohanaNoEstásSola. Me sumo a la exigencia social y pública en #Mexicali, Baja California. ¡Aplicación correcta de #LeyOlimpia!”, señaló Coral Melo a través de sus redes sociales, mostrando su respaldo a la joven que denunció a su expareja, Roberto “N”, abogado litigante, por haber presuntamente difundido videos íntimos sin su consentimiento.
En entrevista con el medio local Cree En La Noticia, la víctima dijo que la denuncia la puso el 4 de julio de este año por la exposición de su imagen e intimidad.
Denuncia solo por violencia familiar
A pesar de que la Ley Olimpia está vigente en Baja California desde el 2020, el proceso penal no pudo avanzar como violencia digital, ya que la capital del estado carece de personal especializado para la recabación de pruebas cibernéticas y el acompañamiento a víctimas, relató la trabajadora del municipio de Mexicali.
Ante esta ausencia, el Ministerio Público informó a Johanna que su denuncia sería integrada como violencia familiar, incorporando la difusión de los videos como parte del contexto de agresión.
La víctima explicó que su expareja intentó suspender la orden de restricción mediante un amparo, sin embargo, el juez correspondiente negó la solicitud, confirmando la medida de protección a favor de Johanna.
De manera paralela, la propia autoridad habría reconocido ante ella que la aplicación de la Ley Olimpia es prácticamente inviable sin una Policía Cibernética activa y capacitada.
En espera que opere la Policía Cibernética
Esta situación revela una brecha profunda entre los avances legislativos y su implementación real en Baja California. Aunque el Congreso local ya aprobó la creación de una Policía Cibernética, la unidad aún no opera, lo que deja desprotegidas a las víctimas de violencia digital, pese a contar con una ley específica para este tipo de delitos.
Organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres han señalado que la falta de infraestructura es una forma de violencia institucional que reproduce la impunidad.
En casos como el de Johanna, la ausencia de mecanismos especializados no solo retrasa los procesos judiciales, sino que revictimiza a quienes buscan justicia, obligándolas a recurrir a vías indirectas como la tipificación de violencia familiar o amenazas.
“No me voy a callar ni a cansar. Esto empieza así… y termina con la muerte de mujeres”, advirtió Johanna, en referencia a cómo la violencia digital suele ser el primer escalón de una escalada de agresiones que puede derivar en feminicidios.
La exigencia de la activista Olimpia Coral Melo aparece como un llamado urgente a las autoridades estatales para que la Ley Olimpia deje de ser letra muerta en Baja California y se garantice la protección de las mujeres que enfrentan violencia digital.
El caso de Johanna evidencia que la justicia no solo depende de leyes aprobadas, sino de la infraestructura y voluntad política necesarias para hacerlas cumplir.
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