La mañana del 26 de noviembre, fuerzas federales de seguridad llevaron a cabo un cateo en dos inmuebles distintos y detuvieron a tres presuntos implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.
De acuerdo con fuentes locales, consultadas por la agencia Quadratín, los hechos comenzaron poco antes de las 7 horas en la unidad habitacional llamada Nicolás Bravo, así como en el Centro de Iguala, ambos municipios en donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 11 años atrás.
Además, señalaron que en la operación participaron tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional (GN).
Sobre la investigación en Iguala
De acuerdo con Quadratín Guerrero, en el otro caso, desarrollado en la calle Ramón Corona del Centro de la entidad, los policías y militares se introdujeron al domicilio y posteriormente colocaron sellos de clausura en el inmueble.
Ahí mismo, se colocó el folio de la investigación y señalaron que esta investigación es por el delito de desaparición forzada por el caso Ayotzinapa.
En otra casa en la calle Luis Donaldo Colosio de la unidad habitacional Nicolás Bravo, los efectivos detuvieron a un hombre de nombre Irving N y a dos mujeres.
Según la misma fuente, en esa vivienda también se colocaron sellos de clausura y en estos se leyó el mismo motivo de cateo, al igual que la casa del Centro de la región.
Colusión entre las autoridades y el crimen organizado
De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), bajo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existe un complejo entramado de colusión entre autoridades y crimen organizado, así como la manipulación y ocultamiento de pruebas, del cual se tiene registro desde hace años.
En su informe Ayotzinapa VI, el grupo detalló los resultados globales de la investigación, incluyendo revelaciones sobre la participación de policías municipales, estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia en los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Entre los avances más significativos, el informe destaca la ruptura de algunos pactos de silencio gracias a la protección de testigos, la detención de nuevos implicados y la reactivación de órdenes de captura contra personal militar y funcionarios públicos.
El GIEI también subrayó que la asistencia técnica internacional ha sido clave para fortalecer la investigación, permitiendo el acceso a archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la integración de pruebas documentales y testimoniales que amplían la perspectiva del caso.
El informe también reconoció la labor de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creadas en 2019 y 2020 respectivamente, como mecanismos complementarios que permitieron avanzar en la judicialización de los responsables y en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
A pesar de los avances, el GIEI identificó obstáculos estructurales como falta de acceso a información clave, la negativa de autoridades para entregar documentos fundamentales, exposición y desprotección de testigos, y presiones políticas e institucionales.
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