La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ejecutó este domingo órdenes de aprehensión contra cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, señalados como presuntos responsables del homicidio de Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante universitario de veinte años que murió tras recibir disparos durante un operativo policial en el municipio de Centro.
El caso, ocurrido el pasado 14 de noviembre, fue confirmado inicialmente por la familia del joven y posteriormente por la fiscalía estatal, quien abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Rodrigo, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), circulaba en su vehículo cuando fue alcanzado por disparos de arma de fuego en la colonia José María Pino Suárez; poco después, perdió la vida.
El análisis y el recuento a fondo del crimen en Tabasco
La FGET confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas en la calle Gerónimo Palacios. La versión oficial establece que los policías realizaban una revisión de vehículos cuando el universitario no detuvo su marcha; sin embargo, la familia sostiene que el joven no iba armado, no representaba una amenaza y que los agentes abrieron fuego mientras lo perseguían.
Rodrigo recibió impactos en el cuello, pecho y mano izquierda antes de perder el control del vehículo y chocar. Su padre, Lucio Isidro Álvarez, reiteró públicamente que su exigencia es estrictamente de justicia:
“Yo no exijo venganza; necesito justicia, que no quede impune porque el mismo sistema que debía protegerlo le quitó la vida”.
La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de las autoridades tabasqueñas realizó los estudios balísticos y forenses. En tanto, la Policía de Investigación llevó a cabo entrevistas, análisis técnicos y la reconstrucción preliminar de la ruta seguida por la unidad de los agentes implicados.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Serafín Tadeo Lazcano, declaró que la corporación no ha iniciado un procedimiento interno hasta que la Fiscalía concluya la investigación. Afirmó que respetarán el proceso judicial.
Una exigencia de justicia, una “disculpa” y el recuerdo de Rodrigo Isidro entre sus seres queridos
Desde el anuncio del fallecimiento, familiares, vecinos, compañeros de universidad y ciudadanos del municipio Centro comenzaron a pedir públicamente el esclarecimiento del caso. La demanda se intensificó conforme surgieron testimonios que apuntaban a un presunto exceso de uso de la fuerza.
El 22 de noviembre, cuatro días antes de la captura de los agentes, se realizó una marcha pacífica encabezada por la familia de Rodrigo. Más de cien personas caminaron hasta las instalaciones de la FGET en Villahermosa. Ahí, el fiscal estatal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros recibió a los familiares y les aseguró que la investigación avanzaba.
“Lo iban siguiendo”, insistió el padre de Rodrigo en declaraciones públicas. Él sostiene que los disparos se hicieron a corta distancia y sin justificación. Aunque la investigación continúa en curso, la familia ha pedido repetidamente que testigos aporten cualquier información que permita esclarecer los hechos.
Compañeros universitarios y vecinos han descrito al joven como un estudiante responsable que combinaba sus clases con actividades ganaderas en el rancho de su familia. Rodrigo administraba parte del ganado y tenía planes de dedicarse por completo al trabajo pecuario una vez concluida su carrera.
El caso que reaviva los señalamiento de abuso policial en México
El homicidio de Rodrigo Isidro no solo provocó indignación social, sino que reabrió discusiones locales sobre el uso de la fuerza por parte de corporaciones estatales. Vecinos de la zona donde ocurrió el ataque han declarado públicamente que existen antecedentes de operativos policiales cuestionados en colonias alrededor del municipio Centro.
En un testimonio citado por medios locales, un residente de la zona afirmó que algunos elementos actúan fuera del marco legal: “No todos, pero hay policías corruptos. El gobernador lo sabe. Hay autoridades que no aplican la ley”.
El caso también ha reactivado solicitudes de organizaciones civiles que desde años atrás han pedido protocolos más estrictos y capacitación para la actuación de policías estatales en retenes y revisiones vehiculares.
Aunque la fiscalía reiteró que continúa recabando evidencia, el avance del caso —desde la apertura de la carpeta hasta la detención de cuatro agentes— ha sido presentado por la autoridad como un paso para generar confianza en las instituciones.
Lo que sigue en el proceso contra la policía estatal
Los agentes detenidos serán presentados ante un juez, quien determinará su situación jurídica conforme a los elementos que ya integró el Ministerio Público. Mientras tanto, continúan los análisis periciales, incluidos estudios balísticos y recorridos adicionales en la zona donde ocurrieron los hechos.
La familia, por su parte, ha reiterado que mantendrá su exigencia de justicia: “Aquí estoy y voy a seguir luchando”, ha dicho el padre del joven a pesar de estas detenciones ocurridas en los últimos días.
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