La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa informó en su cuenta oficial de X que se neutralizaron dos drones que sobrevolaban la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, durante recorridos de seguridad realizados este 23 de noviembre.
En estas acciones, participaron elementos del Ejército Mexicano en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
El operativo se originó cuando el personal militar detectó la presencia de dos vehículos aéreos no tripulados en la zona, procediendo a su neutralización mediante el uso de equipamiento portátil específico para inhibir drones.
Los drones, el crimen organizado y el norte del país
De acuerdo con el reporte conjunto, la coordinación entre fuerzas federales y estatales permitió la ubicación y anulación de estos aparatos en un contexto de vigilancia reforzada en la región.
Tras los hechos, las autoridades dieron vista a la autoridad ministerial competente, que inició la investigación para esclarecer el origen y la posible utilización de los drones dentro del municipio. La información fue confirmada por las corporaciones de seguridad participantes y por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reiteraron su compromiso con la protección de la población local a través de este tipo de operativos preventivos. Entre las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, las autoridades recordaron la disponibilidad de las líneas 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.
Estos hechos ocurren en un contexto de continua vigilancia en puntos de riesgo del estado de Sinaloa, donde la presencia de drones en zonas urbanas y rurales es objeto de monitoreo constante por parte de las fuerzas armadas y la policía estatal.
Hasta el momento se desconoce la procedencia de estos objetos voladores no tripulados pero podrían ser utilizados por grupos del crimen organizado que operan en la región.
Una de las comunidades afectadas por estos objetos, utilizados como instrumentos de intimidación, es la región de Moris, ubicada en el estado de Chihuahua.
De acuerdo con información publicada por medios locales, un grupo de alrededor de 300 personas del pueblo indígena warijó denunciara la situación en la que vivían y señalara a presuntos culpables ante instancias federales, alrededor de 100 de ellos regresaron a su tierra pero 10 desaparecieron. Mientras tanto, el resto se mantiene bajo amenaza y con la prohibición de salir de sus viviendas.
Personas desplazadas de rancherías de Moris, dieron a conocer que el gobernador de la comunidad Finca de Pesqueira, Hilario Valenzuela, fue privado de la libertad anteriormente con otros hombres que aparecieron públicamente en un medio de comunicación nacional, en el que informaron que viajaron a la Ciudad de México a interponer denuncias ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los denunciantes no obtuvieron respuesta y, sin protección, volvieron a su comunidad. Las viviendas son prueba de la violencia, pues las balas, grabadas tanto en las paredes como en las ventanas, dejaron huella incluso en la vida de los habitantes. Los pobladores viven en riesgo constante mientras piden apoyo para salir, según reportajes de medios locales.
La violencia alcanzó la cabecera al iniciar el mes de julio y se originó cuando detonaron bombas con apoyo de drones en la presidencia municipal y en viviendas.
Se cree que estas acciones son emprendidas tras el hallazgo de litio en la región, pues el crimen organizado constantemente busca expandir sus fuentes de ingresos. Ya lo hizo en diferentes ocasiones y con distintos sectores.
Abarcó desde la pesca ilegal de vaquita de mar, pepino de mar, la tala de maderas preciosas originarias de la selva lacandona,
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