Este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en la que la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, busca su liberación anticipada por buena conducta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó varios testimonios para impedir su salida.
Se espera que la jueza Ángela Zamorano Herrera determine hasta el viernes 21 de noviembre, cuando vence el plazo, si concede la pre liberación del político surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A través de estos testigos en contra de Javier Duarte, la FGR buscó frenar su liberación y convencer a la jueza Ángela Zamorano Herrera de una mala conducta por parte del exgobernador veracruzano, de quien apuntó que éste aún enfrenta un proceso por desaparición forzada durante su mandato.
El ministerio Público de la Federación acusó a Duarte de retrasar deliberadamente procedimientos judiciales mediante la simulación de enfermedades.
En la audiencia que se sigue este miércoles, comparecieron como testigos cinco integrantes de la Fiscalía veracruzana para dar cuenta de las argucias legales de Duarte de Ochoa para obstaculizar la justicia.
Denise Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Coordinación de la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas del Estado de Veracruz, declaró que, tras la desaparición de un taxista en 2013, el entonces gobernador dificultó el esclarecimiento del caso.
Los testigos hablaron ante la jueza sobre las acusaciones de peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada del fuero común.
Duarte de Ochoa, quien en 2018 se declaró culpable por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, cumple su condena de nueve años en abril de 2026, sin embargo, su defensa consideró que existen elementos para otorgarle la libertad anticipada.
Sheinbaum habló de la posible liberación de Javier Duarte
Desde el pasado 12 de noviembre, la presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo estar al tanto de que Javier Duarte de Ochoa podría obtener la libertad tras cumplir 9 años de prisión y pagar una multa de 58mil pesos.
“Me dicen que él está por cumplir su sentencia y no sé si tiene otro proceso abierto. Lo que me informan es que está por cumplir su condena más allá de la sanción moral y ética que tiene la sociedad”, declaró en la mañanera.
El exgobernador habría tenido acceso a un teléfono celular, lo que le permitió comunicarse con su equipo legal y familiares, además de contar con espacios diferenciados y facilidades para recibir visitas, privilegios que no suelen estar disponibles para otros internos.
La defensa de Duarte argumenta que estos beneficios corresponden a su derecho de preparar una estrategia legal adecuada.
Por el contrario, críticos del proceso consideran que estas prerrogativas evidencian la influencia política y económica que el exgobernador mantiene, a pesar de su condena.
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