Senado busca elevar de 15 a 25 años la pena básica por extorsión

Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen que expide la primera Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión con una pena mínima de 15 a 25 años de prisión.

Con 33 votos a favor y el respaldo anticipado de todas las bancadas, se prevé que el pleno lo avale este miércoles.

La nueva normativa deriva de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de octubre y da cumplimiento a la reforma constitucional al artículo 73, que ordenó establecer un tipo penal único en el territorio nacional.

El documento llegó desde la Cámara de Diputados el 28 de octubre y fue objeto de una revisión detallada. Senadores realizaron cambios a 15 artículos y sumaron un transitorio para ajustar la implementación institucional sin afectar investigaciones en curso.

Durante la reunión, legisladoras de oposición respaldaron el dictamen, aunque advirtieron los retos que enfrenta el Estado para reducir la impunidad.

Ricardo Anaya (PAN) afirmó que “queremos que se combata la extorción” y subrayó que autoridades de distintos niveles han permitido la expansión del delito.

Carolina Viggiano (PRI) destacó que el 97% de las víctimas no denuncia por miedo y por la percepción de que dentro del propio gobierno existen redes de protección a extorsionadores.

Los senadores ponentes señalaron que el dictamen no es un mero trámite, sino una revisión de fondo a la minuta proveniente de San Lázaro, realizada con apoyo de Gobernación, la Consejería Jurídica, Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República.

Entre los cambios más relevantes, se incrementó la pena para la extorsión simple a un rango de 15 a 25 años de prisión, con el objetivo de evitar beneficios retroactivos para sentenciados en entidades donde las penas actuales son más altas.

Las sanciones podrán llegar hasta 42 años en casos agravados, como cobro de derecho de piso, montachoques o cuando el delito se cometa desde un centro penitenciario.

El dictamen también obliga a fiscalías federales y estatales a contar con unidades especializadas en extorsión, integradas por policías, analistas y ministerios públicos capacitados y certificados.

Mientras estas áreas se fortalecen, las unidades de combate al secuestro podrán asumir temporalmente la investigación.

Se hicieron ajustes en los artículos relacionados con reparación del daño, destino de bienes asegurados, uso de pruebas y beneficios penitenciarios.

Se eliminó la posibilidad de preliberación o reducción de condena para personas sentenciadas por extorsión, incluso en escenarios de colaboración con autoridades, para evitar contradicciones con la Ley Nacional de Ejecución Penal.

• Investigación de oficio del delito, sin necesidad de denuncia formal.
• Denuncia anónima disponible para proteger a víctimas y facilitar la intervención inmediata.
• Pena básica de 15 a 25 años de prisión, con multas de hasta 500 UMA.
• Agravantes que pueden elevar la sanción hasta 42 años en casos como derecho de piso, montachoques o delitos cometidos desde prisión.
• Obligación de crear unidades especializadas en extorsión en fiscalías estatales y federal.
• Medidas tecnológicas para bloquear comunicaciones ilícitas desde centros penitenciarios.
• Ajustes para garantizar reparación integral del daño y destino de bienes asegurados.
• Prohibición total de beneficios preliberacionales para sentenciados por extorsión.

Con el respaldo de todas las bancadas, el Senado se encamina a aprobar un nuevo marco jurídico nacional que busca enfrentar la extorsión.