En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron, con treinta y tres votos a favor, el dictamen que modifica el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados en materia de combate a la extorsión.
La nueva propuesta eleva la pena mínima de prisión a quince años y la máxima a veinticinco años, superando ampliamente los rangos de seis a quince años que contemplaba la minuta original que fue aprobada en San Lázaro.
El dictamen introduce cambios únicamente en el primer artículo del decreto correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, señaló la Cámara Alta.
Estas modificaciones responden a la preocupación de los senadores de que las penas propuestas inicialmente pudieran favorecer a quienes ya cumplen condena por este delito.
No obstante, Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados como “excepcional”, al presentar una minuta que, según sus palabras, responde a las exigencias nacionales frente a una conducta que, “de aprobarse la ley, será delictiva, pero que al día de hoy es deleznable”.
Entre las modificaciones más relevantes, las comisiones incluyeron la obligación de que las autoridades encargadas de aplicar la ley actúen con pleno respeto a los derechos humanos, una disposición ausente en la versión previa.
Además, se estableció que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas especializados, capacitados y certificados en materia de extorsión.
Mientras se crean estas unidades específicas, las áreas contra el secuestro de las fiscalías asumirán temporalmente la investigación de estos delitos.
El dictamen aclara los incrementos adicionales a las penas en casos específicos
Los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión de extorsión enfrentarán la pena base de quince a veinticinco años de prisión, más un aumento de tres a cinco años adicionales.
Por otra parte, los funcionarios con atribuciones de prevención, investigación, persecución de delitos, procuración o impartición de justicia, o vigilancia en centros penitenciarios, que omitan denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión, recibirán penas de diez a veinte años de cárcel.
En cuanto a la introducción no autorizada de dispositivos electrónicos en centros de readaptación, penitenciarías o centros de internamiento para menores, la ley prevé sanciones de seis a doce años de prisión para quienes ingresen aparatos que permitan la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología similar.
Otra adición relevante establece que los recursos económicos obtenidos a través de procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión serán destinados preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas.
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