Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

A dos años de la desaparición forzada de diez comerciantes guatemaltecos en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, las familias mantienen un reclamo firme al Estado mexicano y al gobierno de Guatemala: avanzar en la investigación, fortalecer la búsqueda y garantizar medidas de protección para los núcleos familiares afectados.

El caso, ocurrido el 16 de noviembre de 2023, continúa sin resolverse en una región marcada por la disputa entre grupos del crimen organizado y la crisis de seguridad en la frontera sur.

Los desaparecidos —Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Luis Alberto Vásquez Sarat, Amílcar Isaac Enríquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio César Vásquez Pérez, Leonardo Morales Álvarez, Mayco Josué Morga Enríquez y Francisco Socorro Morga De León— eran comerciantes dedicados a la venta de pollos de crecimiento. Fueron vistos por última vez en territorio mexicano en un contexto de creciente violencia que ha dejado decenas de personas desaparecidas en la región.

En su pronunciamiento público, las familias señalaron que estos dos años han representado un desgaste emocional, económico y social profundo. A pesar de reuniones con autoridades y la formalización de su reconocimiento como víctimas, no han visto avances sustanciales en las investigaciones. “Sin verdad, sin justicia”, reiteraron como mensaje central.

Las familias delinearon seis exigencias principales dirigidas a ambos gobiernos. En primer lugar, demandan coordinación institucional efectiva y reuniones periódicas con autoridades mexicanas responsables de la búsqueda. Esto con el fin de agilizar las acciones de investigación, localización e identificación de posibles responsables.

Así mismo, consideran indispensable que se incorporen todas las líneas relevantes: búsqueda en vida y en muerte, rastreo en lugares de detención y en zonas donde operan grupos criminales en Chiapas y otros estados, así como búsqueda transnacional ante la hipótesis de reclutamiento forzado.

El segundo eje es un plan de investigación claro y con resultados verificables. Alertaron que, pese al tiempo transcurrido, no han recibido información precisa sobre avances, diligencias realizadas o identificación de sospechosos.

Otro punto clave es la incorporación de los perfiles genéticos. En julio de 2025, las familias participaron en una tercera toma de ADN con el acompañamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Exigen que estos datos sean integrados de inmediato a las bases forenses de México y empleados en los cruces necesarios.

Tras ser reconocidos como víctimas por el Estado mexicano, pidieron medidas para garantizar atención psicosocial, evaluación socioeconómica y seguridad; especialmente para niños, niñas y adultos mayores afectados por la desaparición. Consideran que la falta de cobertura institucional en estos ámbitos agrava la crisis familiar y comunitaria.

Al gobierno de Guatemala le solicitaron acompañamiento activo, asistencia consular permanente y gestión diplomática para obtener información de México, así como participación en mesas binacionales que garanticen protección y seguimiento.

El caso se desarrolla en uno de los puntos más complejos de la frontera sur. Frontera Comalapa se ubica en un corredor estratégico para actividades ilícitas como el tráfico de personas, drogas, armas y mercancías ilegales. En los últimos años, la violencia ha derivado en desplazamientos forzados, bloqueos carreteros y un incremento acelerado de desapariciones.

Las familias subrayaron que este entorno de riesgo facilita la impunidad. La disputa entre grupos criminales dificulta cualquier operativo de búsqueda y ha limitado la presencia de autoridades en diversas comunidades. Lamentan que, pese a la gravedad de la situación, no existan resultados significativos a dos años del hecho.

La exigencia final es mantener la búsqueda hasta encontrar a los diez comerciantes. “Seguiremos buscando hasta encontrarles”, concluyeron desde Cuyotenango, al tiempo que reafirmaron que la ausencia de respuestas oficiales no detendrá su demanda de verdad y justicia.