Michoacán y 19 años de militarización sin paz: el repaso de las estrategias anti narco de Calderón a Sheinbaum

Michoacán ha funcionado, desde 2006, como el “laboratorio” donde el Estado mexicano ha ensayado sus principales estrategias de seguridad: operaciones militares masivas, despliegues federales sostenidos, esquemas de coordinación territorial, programas sociales y, más recientemente, inversiones multimillonarias orientadas al desarrollo.

Cuatro gobiernos federales —Felipe Calderón Hijonosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo— han vuelto una y otra vez al mismo diagnóstico: el crimen organizado domina regiones enteras y la única respuesta inmediata es, aparentemente, el envío de tropas militares.

19 años después, las cifras muestran una constante, pero también los límites de esta fórmula.

El 11 de diciembre de 2006, a solo días de iniciar su sexenio, Felipe Calderón lanzó el “Operativo Conjunto Michoacán”, considerado el primer gran movimiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Los números oficiales hablan de 4 mil 260 soldados y mil 54 marinos, más de mil 600 policías federales, aunque diversas fuentes periodísticas y académicas estiman el despliegue inicial en torno a 6 mil 500 a 7 mil elementos en las primeras semanas.

Para miles de familias, la llegada de convoyes militares, retenes en carreteras y cateos marcó el inicio de una nueva etapa. Habitantes de Tierra Caliente narraban que, por primera vez en años, helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron de forma permanente sus comunidades. Sin embargo, la violencia no disminuyó: entre 2007 y 2011, Michoacán registró alzas históricas de homicidios.

En concreto, se pasó de 717 asesinatos en 2006 a más de 2 mil en 2011, según cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“El miedo venía de todos lados: de los que estaban y de los que llegaron”, recordó un comerciante de Apatzingán en entrevistas realizadas en ese entonces. La militarización había comenzado, pero la paz seguía lejos de alcanzarse.

Cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder en 2012, Michoacán ya era un polvorín. En 2013 surgieron las autodefensas, una respuesta comunitaria ante la expansión de Los Caballeros Templarios.

El gobierno federal tuvo que desplegar miles de soldados, marinos y policías federales nuevamente para intentar contener tanto a los grupos criminales como a los civiles armados.

La administración creó la Gendarmería Nacional, la cual estableció operaciones en 19 municipios considerados “foco rojo”. Aunque no existe una cifra única y homologada del despliegue específico en Michoacán, documentos de seguridad y reportes periodísticos en el sexenio del priista hablan de entre 4 mil y 6 mil efectivos federales activos en la entidad en los momentos más críticos del conflicto autodefensa-Tierra Caliente.

Pese al esfuerzo, la violencia volvió a repuntar. En 2014, el estado superó los mil 600 homicidios, y municipios como Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec vivieron enfrentamientos abiertos, desplazamientos forzados y episodios documentados de abusos contra la población.

Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno con la promesa de “abrazos, no balazos”, pero la realidad operativa fue distinta. La creación de la Guardia Nacional en 2019 consolidó un nuevo cuerpo federal con fuerte mando militar.

A nivel nacional, la GN arrancó con más de 35 mil elementos desplegados, al tiempo que Michoacán se reportaban 3 mil 638 integrantes ese mismo año, cifra que aumentaría con el paso del sexenio.

Hubo operativos puntuales —como los despliegues especiales en Aguililla entre 2020 y 2022— y refuerzos para recuperar territorios controlados por Cárteles Unidos y células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, los homicidios dolosos se mantuvieron altos: entre 2019 y 2022, el estado registró más de 2 mil asesinatos anuales, convirtiéndolo en uno de los más violentos del país.

La Guardia Nacional, según habitantes de zonas rurales, mejoró la presencia institucional, pero no siempre la seguridad cotidiana. “Están aquí, pero los grupos también”, decía un líder comunitario en Tepalcatepec durante 2021, en medio de bloqueos y ofensivas criminales en la zona limítrofe con Jalisco.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, su primera gran intervención de seguridad en un estado marcado históricamente por la violencia y cimbrado nuevamente por el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan.

El plan combina un componente social ambicioso —inversión pública y privada superior a 57 mil millones de pesos— con un despliegue operativo masivo: más de 10 mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de mil 700 marinos en la costa, según la propuesta.

Sobre esa línea, se activó también el Plan de Operaciones Paricutín, diseñado para cerrar rutas estratégicas, vigilar puertos, reforzar la frontera con Jalisco y aislar a grupos criminales como el CJNG y Cárteles Unidos.

Aunque el gobierno sostiene que esta vez la estrategia es integral, organizaciones civiles señalan un riesgo evidente: repetir la lógica del pasado sin resolver la debilidad policial local, la falta de controles internos y el rezago institucional que permite la captura territorial del estado.

El reto para el Estado mexicano es romper el ciclo. Los habitantes y las autoridades estatales o municipales de Michoacán lo resumen de forma sencilla: “No importa cuántos soldados manden, lo que queremos es vivir sin miedo”. La pregunta es si, esta vez, el Gobierno de México será capaz de transformar los despliegues en paz duradera y no en otra pausa temporal en una violencia que regresa cada sexenio.