Comisión de Justicia respalda matrimonio igualitario y sanción a ECOSIG en Guanajuato

El avance de las reformas legislativas en Guanajuato ha marcado un nuevo capítulo en la protección de los derechos humanos, tras la aprobación en la Comisión de Justicia de la elaboración de dictámenes favorables a iniciativas sobre matrimonio igualitario y la sanción de los llamados ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género).

Esta decisión, que contó con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión, refleja el debate y las posturas divergentes entre los legisladores sobre la ampliación de derechos y la protección de la dignidad de las personas.

Durante la sesión, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia subrayó la importancia de que el dictamen sobre matrimonio igualitario garantice certeza jurídica y reconozca el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, sin distinción de sexo u orientación sexual. Tiscareño Agoitia expresó su respaldo al sentido positivo del dictamen, aunque solicitó que se incorporen las observaciones técnicas y jurídicas presentadas por las autoridades consultadas.

Además, consideró indispensable eliminar de la redacción final cualquier disposición que limite el libre desarrollo de la personalidad o que reintroduzca conceptos restrictivos de familia, así como aquellas que contradigan los criterios de instrumentos internacionales y nacionales sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

La legisladora enfatizó que la labor parlamentaria exige crear leyes claras, que proporcionen herramientas tanto a la ciudadanía como a las autoridades, y que contribuyan a un marco jurídico viable y confiable para todos.

En este contexto, la diputada Susana Bermúdez Cano aportó datos sobre la situación global del matrimonio igualitario, señalando que hasta noviembre de 2025, aproximadamente 39 países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que cerca del 80 por ciento de los países reconocidos por la ONU mantienen la definición tradicional de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Bermúdez Cano recordó que en México, desde el 26 de octubre de 2022, el matrimonio igualitario es legal en los 32 estados de la República, lo que elimina cualquier restricción para el ejercicio de este derecho.

En la votación sobre el dictamen de matrimonio igualitario, las diputadas Karol Jared González Márquez y Susana Bermúdez Cano se manifestaron en contra, mientras que María Eugenia García Oliveros, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas votaron a favor. García Oliveros, además, propuso la elaboración del dictamen en sentido positivo.

La sesión también abordó tres iniciativas de reforma al Código Penal estatal, orientadas a establecer mecanismos de sanción para los ECOSIG o terapias de conversión.

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia defendió la necesidad de sancionar las denominadas “terapias de conversión”, calificando estas iniciativas como un avance en la protección de la dignidad humana, la libertad sexual y la identidad de las personas.

Solicitó que se incluyan las observaciones técnicas y jurídicas de las autoridades consultadas, especialmente en lo relativo a la taxatividad del tipo penal, la proporcionalidad de las penas y el principio de última ratio.

Tiscareño Agoitia insistió en que el texto legal debe definir con precisión las conductas sancionables, evitar ambigüedades y ofrecer certeza a los operadores del sistema penal, con el fin de asegurar una aplicación eficaz, justa y respetuosa de los derechos humanos.

Subrayó que la aprobación del dictamen en los términos adecuados representa un avance en la garantía de los derechos humanos en Guanajuato y en la consolidación de una justicia penal respetuosa de la diversidad y la libertad personal.

El dictamen sobre ECOSIG fue sometido a votación y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra. La diputada Karol Jared González Márquez, quien votó a favor, hizo referencia a las observaciones de su colega Bermúdez Cano, solicitando que se reflejen en el dictamen. González Márquez argumentó que ninguna persona debe ser sometida a maltrato, tortura o prácticas que vulneren su integridad o dignidad humana, y que todas las personas merecen respeto y acompañamiento, sin que se tolere la violencia ni la imposición sobre la libertad personal. Afirmó: “El respeto a la dignidad humana debe prevalecer siempre sin distinción”.

González Márquez también reconoció el avance de la entidad en el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, destacando que el Registro Civil ya permite que cualquier pareja pueda casarse sin distinción, lo que consideró un motivo de celebración porque “todas las personas merecen ser felices”.

Finalmente, reiteró que su postura se basa en el respeto absoluto a todas las personas y en la convicción de que la ley debe construirse con cuidado, claridad y sin sesgo ideológico, reafirmando su respeto a quienes piensan distinto y su compromiso con la dignidad, la libertad y el pleno goce de los derechos de todas las personas.