El 75.75% de los organismos responsables de combatir la corrupción en México permanecen incompletos o paralizados, situación agravada por recortes presupuestales y la eliminación de órganos autónomos clave, según un informe de Mexiro A.C. publicado en el décimo aniversario del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El análisis, resultado del monitoreo realizado entre julio y septiembre de 2025 por el Proyecto CO+MÚN: Observatorio Anticorrupción de México, advierte sobre el debilitamiento severo de las instituciones encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas en el país, una situación atribuida por la organización a omisiones legislativas deliberadas, la falta de nombramientos y recortes presupuestales que dispersan recursos hacia dependencias ajenas a la materia.
El colectivo advierte que la concentración de poder en el Ejecutivo Federal y el cierre del espacio cívico han generado un entorno proclive a la impunidad, con un discurso oficial orientado a simular la lucha contra la corrupción.
En el mismo documento, destaca que la ausencia de designaciones en órganos clave y el desmantelamiento de contrapesos han dejado sin capacidad de acción a las instituciones encargadas de la vigilancia y sanción.
Uno de los principales focos del diagnóstico se centra en las Comisiones de Selección, responsables de nombrar a los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC).
De las 33 previstas, 19 permanecen incompletas y en 14 de ellas, incluido el propio órgano nacional, no hay integrantes asignados.
Estados como Campeche, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz presentan la situación más crítica.
Sin comisiones completas, los CPC quedan imposibilitados para integrarse y operar, lo que obstaculiza la representación ciudadana en el sistema anticorrupción.
La situación de los propios Comités de Participación Ciudadana reviste particular gravedad. En 20 estados, los comités no cuentan con la totalidad de integrantes, y en diez estados —entre ellos Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Veracruz— los CPC operan completamente vacantes.
En tres entidades más existen cuatro puestos sin cubrir, y el resto acumula de dos a tres vacantes, lo cual evidencia la falta de una representación ciudadana efectiva en la toma de decisiones anticorrupción.
Las Secretarías Ejecutivas o Técnicas (SE), órganos encargados de la implementación de acuerdos y políticas, presentan un nivel de abandono preocupante: el 42.42% carecen de persona titular.
Esto último afecta a las entidades Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y el propio SNA, donde las funciones han recaído en encargados o suplentes, lo que limita la autonomía institucional.
En Guanajuato, el proceso de selección ha despertado denuncias por supuestas contrataciones irregulares y opacidad. El secretario técnico, Ernesto Salvador González Gómez, ha sido señalado como responsable de estas prácticas, aumentando la percepción de falta de rendición de cuentas en la entidad.
El informe señala que las Comisiones Ejecutivas (CE), responsables de proponer estrategias técnicas contra la corrupción, tampoco funcionan a cabalidad, ya que 21 no operan por falta de integrantes, afectando a estados como Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el propio SNA, mientras que en Tabasco, la Comisión Ejecutiva fue suprimida del marco legal.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FA) presenta designaciones cuestionables, con señalamientos de conflictos de interés, nepotismo o afinidad partidista.
Destacan los casos de Puebla, donde la fiscalía opera con una persona encargada, y en Guerrero y Nayarit, donde aún faltan titulares.
Otra dimensión de la crisis es la fragilidad de los órganos garantes del derecho de acceso a la información. El 66.66% de estos organismos han desaparecido o enfrentan riesgo de extinción, según el monitoreo de Mexiro A.C.
Hasta septiembre de 2025, 14 órganos fueron eliminados por vía legislativa, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En diez entidades, los congresos locales ya aprobaron la desaparición de estos entes, en tanto que en otras siete está en curso el proceso legislativo. Solo Campeche y Ciudad de México se mantienen al margen de la tendencia.
La organización enfatiza que la eliminación de estos órganos representa un retroceso considerable en materia de transparencia, pues implica la pérdida de acervos públicos y el cierre de micrositios institucionales como el del INAI y el Sistema Nacional de Transparencia. Aunque el portal del INAI fue parcialmente restablecido, los archivos históricos continúan en riesgo de pérdida.
En materia presupuestal, el Presupuesto de Egresos 2026 agrava el debilitamiento institucional. Bajo el argumento de fortalecer la política anticorrupción, el gobierno federal canaliza recursos originalmente destinados al combate a la corrupción hacia dependencias sin responsabilidad directa en la materia.
La Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) enfrenta una reducción presupuestal del 95%, pasando de 128.8 a 6.3 millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de funciones antes gestionadas por el extinto INAI, sufrirá un recorte de 32%, para quedar en 834 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también padecen recortes sustantivos, de 386,5 millones y 24% respectivamente.
Como contraste, instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin vínculo directo con el combate a la corrupción, recibirán mil 693 millones y 339 millones de pesos, respectivamente, para acciones como “socialización de códigos de ética” o “control interno”, rubros que, a juicio de Mexiro A.C., corresponden a una simulación presupuestal.
“Esto no es austeridad: es simulación presupuestal y captura institucional. Un país que desmantela su arquitectura anticorrupción mientras concentra poder en el Ejecutivo no ‘combate la corrupción’: la administra”, advierte la organización.
La sociedad civil, comunidad académica y organismos defensores de derechos humanos han dirigido un pronunciamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de frenar el desmantelamiento del SNA, asegurar financiamiento adecuado para los órganos técnicos y evitar la centralización de la transparencia en el Ejecutivo.
El exhorto también demanda el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A Senado de la República y congresos estatales, el exhorto implica la realización de designaciones faltantes mediante procesos transparentes y con participación ciudadana, así como el rechazo a la extinción de órganos garantes de transparencia.
A la Cámara de Diputados se le solicita no aprobar los recortes consignados en el proyecto presupuestal y restituir los fondos originales a la SESNA y la ASF, además de abrir un debate público sobre el impacto de las reformas en materia de transparencia y derechos humanos.
Se solicita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la publicación de lineamientos sobre protección y acceso a los archivos históricos derivados de la desaparición del INAI, así como la implementación de una política anticorrupción que respete los derechos humanos y la creación de un órgano de monitoreo ciudadano independiente.
“El abandono institucional también es corrupción. Cada vacante no es un olvido: es una estrategia”, concluye la advertencia final del informe de Mexiro A.C., que refrenda la exigencia de transparencia, verdad y justicia, además de la consigna de que “sin instituciones completas, no hay anticorrupción. Y sin transparencia, no hay democracia”.
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