La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictaminó recientemente la reparación del daño ambiental en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, Querétaro, tras detectar actividades ilegales que afectaron áreas protegidas de la región.
De acuerdo con la dependencia, la empresa responsable fue sancionada luego de una inspección que permitió asegurar 3.37 metros cúbicos de madera aserrada de pino sin documentación que acreditara su procedencia legal.
En el marco del procedimiento, Profepa impuso a la compañía una multa administrativa de un millón 502 mil pesos y consiguió un acuerdo de reparación por cinco millones de pesos que se canalizarán a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para labores de reforestación y restauración de ecosistemas en las zonas impactadas. Además, el organismo confiscó la totalidad de la madera obtenida sin autorización, medida que refuerza el compromiso con la restauración de la legalidad en las áreas naturales protegidas del país.
Como parte de las acciones compensatorias, la empresa donó 245 metros cúbicos de madera aserrada de pino. Del total, 125 metros cúbicos se entregaron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Querétaro (Sedea) y 120 metros cúbicos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de que se destinen a proyectos sociales. “Estas acciones representan un avance significativo en la aplicación de la justicia ambiental restaurativa y consolidan la corresponsabilidad del sector productivo”, puntualizó Profepa.
El 22 de octubre, personal de Profepa registró dos inspecciones en la comunidad Mesa de Agua Fría, municipio de Arroyo Seco, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. En las diligencias se constató la remoción de vegetación nativa en una extensión de 12.767 metros cuadrados, donde se pretendía fraccionar el terreno sin contar con autorizaciones de cambio de uso de suelo ni de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “La clausura busca evitar un deterioro ambiental mayor”.
La segunda clausura ocurrió en la misma ubicación por la construcción de una edificación con materiales como concreto, varilla y cantera, ubicada en un terreno de 21.360 metros cuadrados. Dicha obra tampoco contaba con autorización ambiental, motivo por el que Profepa impuso la clausura como medida de seguridad.
La dependencia subrayó su compromiso de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, inhibir actividades no autorizadas y promover la reparación del daño para fortalecer la legalidad ambiental en el país. El caso de la Sierra Gorda de Querétaro se suma a otras intervenciones recientes en áreas naturales protegidas, denuncias por tala ilegal y esfuerzos de reforestación en diferentes regiones mexicanas.
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