Tras reportes de supuesto maltrato animal Profepa inspeccionó Zoológico de Puerto Vallarta

El Zoológico de Puerto Vallarta fue objeto de un exhaustivo operativo por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que tras cuatro días de revisión determinó que la fauna silvestre bajo su resguardo se encuentra en condiciones físicas adecuadas y con un manejo conforme a la normativa vigente.

Esta acción se realizó luego que circularan en redes sociales diversas denuncias ciudadanas que señalaban un presunto maltrato animal en las instalaciones.

La autoridad federal informó que la inspección incluyó la revisión de todos los espacios del zoológico y la verificación de la documentación legal indispensable para el funcionamiento del lugar en su calidad de Predio o Instalación para el Manejo de Vida Silvestre (PIMVS). Las observaciones del personal asignado confirmaron que los animales poseen “agua y alimento suficiente” y que los recintos cumplen con los lineamientos incluidos en los manuales de manejo para distintas especies.

Según detalla Profepa, los inspectores verificaron el sistema de marcaje de los ejemplares y la procedencia legal de los mismos siguiendo los requisitos de la Ley General de Vida Silvestre. Además, el zoológico cuenta con un Plan de Manejo que ha sido autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pese a los resultados positivos, la dependencia federal emitió una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer los protocolos de higiene, el manejo de los animales y las medidas para atender posibles eventualidades. El zoológico tendrá que adoptar estos ajustes en los próximos días, bajo la supervisión de Profepa.

“La protección de la vida silvestre, el trato digno y respetuoso a los ejemplares, así como el apego a la normatividad ambiental se mantienen como ejes prioritarios de la institución”, informó la procuraduría en su comunicado oficial.

Las actividades de construcción y modificación de suelo en zonas protegidas de Campeche quedaron momentáneamente paralizadas, luego de que la Profepa impuso clausuras totales temporales a cuatro predios por incumplir las regulaciones ambientales vigentes.

Las inspecciones revelaron, en cada caso, ausencia de las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), condición indispensable para cualquier obra en áreas susceptibles.

Tres de estos predios se localizan en el perímetro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, región reconocida por su alto valor ecológico a nivel nacional. El 22 de octubre de 2025, la Profepa visitó terrenos forestales junto a la carretera federal 261 en el municipio de Campeche y constató el retiro de vegetación propia de selva baja espinosa subperennifolia en 119 hectáreas, careciendo de autorización para el cambio de uso de suelo.

En respuesta, se dictó la clausura total temporal del área, con el objetivo de frenar daños ambientales adicionales a un ecosistema de relevancia.

En el municipio de Carmen, se identificó otra intervención irregular durante una inspección llevada a cabo el 28 de octubre de 2025 en el predio conocido como Huarixe, polígono tres, a la altura del kilómetro 35 de la carretera Carmen–Puerto Real. Allí, personal de la Profepa halló 4,000 metros cuadrados recubiertos con material pétreo y residuos de demolición, además de la tala de mangle, todo sin la debida autorización de impacto ambiental. Para evitar que el daño a los ecosistemas costeros aumentara, se formalizó la clausura total temporal de ese lugar.

Durante la revisión efectuada el 30 de octubre de 2025, en el kilómetro 32 de la carretera Carmen–Puerto Real, los inspectores encontraron los primeros pasos de un nuevo desarrollo: estructuras de varilla y cimientos ocupaban 150 metros cuadrados, igualmente sin permisos ambientales. Frente a la falta de acreditación de impacto ambiental, la Profepa aplicó la misma medida de seguridad restrictiva, buscando prevenir posibles efectos sobre la línea de costa y el entorno.

Ese mismo día, otra intervención se ubicó en el malecón Nelson Barrera Remellón, entre calles Corcovado y 74, en el municipio de Carmen. En este sitio, la autoridad constató la edificación de una plataforma de madera en dos niveles sobre terrenos ganados al mar, sin autorizaciones de impacto ambiental. La consecuencia fue la clausura total temporal de la obra, intentando frenar la ocupación ilegal y la afectación a los ambientes marinos.