
La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 en la Cámara de Diputados avanzó este lunes en medio de un fuerte intercambio de acusaciones entre oficialismo y oposición, marcado por el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública avaló el dictamen con 39 votos a favor y 15 en contra, sin realizar cambios a la iniciativa enviada por la Secretaría de Hacienda. El documento será discutido este martes en lo general ante el pleno y, un día después, en lo particular.
El proyecto contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil millones de pesos para el próximo año, lo que representa un incremento de casi 892 mil millones respecto a lo aprobado para 2025.
Aunque el dictamen salió intacto de la comisión, Morena confirmó que propondrá reasignaciones por alrededor de 17 a 18 mil millones de pesos durante la discusión en lo particular.
Los recortes se aplicarían al Instituto Nacional Electoral (INE), al Poder Judicial y al Tribunal Electoral, y los recursos serían redirigidos a sectores como educación, cultura, infraestructura carretera, medio ambiente, campo y agua.
Las modificaciones, aseguró la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, se presentarán mediante reservas, junto con otras mil propuestas registradas por las distintas bancadas.
PAN y PRI vinculan crimen de Manzo con recortes en seguridad
La sesión se tensó cuando diputados del PAN y del PRI responsabilizaron al gobierno federal del asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el sábado pasado durante un evento cultural en la plaza central del municipio.
Carlos Manzo, primer edil independiente en la historia de Uruapan, ganó la elección en 2024 y tenía 40 años.
El panista Héctor Saúl Téllez denunció la desaparición del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), que proporcionaba recursos directos a gobiernos municipales para enfrentar al crimen organizado.
Advirtió que la falta de financiamiento coloca en riesgo a alcaldes y policías locales. “Lo que pasó con Carlos Manzo debe ser una llamada de atención. No queremos más presidentes municipales asesinados por falta de apoyo”, afirmó.
Desde el PRI, Mario Zamora señaló que en el crimen confluyeron tres omisiones de la federación: abandono del campo, de los municipios y de la seguridad pública.
Llamó a respaldar con presupuesto a la Secretaría de Seguridad y a su titular, Omar García Harfuch, “para que los resultados se vean en los hechos y no sólo en el discurso”.
Morena acusa “uso político” del asesinato
Las críticas encendieron la reacción de Morena. La diputada Vianey García acusó a la oposición de “carroñería” por utilizar la muerte del alcalde con fines partidistas, lo que motivó un llamado al orden de la presidencia de la comisión.

Pese al choque verbal, la mayoría oficialista sostuvo que los ajustes al presupuesto se discutirán en el pleno y descartó retrasos en el proceso legislativo.
El debate continuará en el recinto de San Lázaro, donde el tema de seguridad municipal —reactivado por un crimen político— se perfila como uno de los puntos centrales de la batalla presupuestal.
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