La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación después de los daños registrados en Palacio de Gobierno durante las manifestaciones ciudadanas a raíz del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante las festividades de Día de Muertos.
De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía Regional recibió notificación sobre la entrada de un grupo de manifestantes al Palacio de Gobierno en Morelia, donde causaron daños en 16 áreas, incluida la puerta principal.
El personal pericial se desplazó de inmediato al sitio con el propósito de realizar las diligencias correspondientes: recogida de evidencias, fotografía forense y levantamiento de inventarios de daños, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de investigaciones. Especialistas permanecerán en el inmueble para evaluar el valor económico de los daños.
Por los hechos hay ocho detenidos, que han sido identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica en el plazo que marca la ley; actualmente están en resguardo.
Cientos protestan y claman justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
El asesinato de Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre durante un evento del Día de Muertos en el centro histórico de Uruapan, desencadenó protestas y exigencias de justicia en el estado. Cientos de personas asistieron al funeral del alcalde en la plaza principal, en un acto marcado por música de mariachi y aplausos. Carteles de “¡Justicia!” y “México está de luto” acompañaron la despedida. Varios asistentes expresaron su indignación por la violencia, mientras se escucharon consignas contra el gobierno estatal, como “¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!” durante la marcha en el centro de Morelia.
Algunos participantes, luego de la movilización, ingresaron al Palacio de Gobierno de Michoacán causando destrozos. Como resultado, la sede administrativa permanece bajo vigilancia reforzada.
Carlos Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024, patrullaba las calles con chaleco antibalas y denunciaba las condiciones de inseguridad ligadas al crimen organizado.
El propio Manzo comunicó en septiembre que tanto él como sus colaboradores estaban expuestos y pidió apoyo del gobierno federal: “Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal. No queremos ser un alcalde asesinado más”.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, repudió públicamente el crimen y declaró que su gobierno reforzaría la estrategia de seguridad. En su cuenta de X (antes Twitter), Sheinbaum insistió que “estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecer aún más” la política de seguridad nacional.
El secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, aseguró en rueda de prensa que Manzo contaba con protección oficial de la Guardia Nacional desde diciembre, reforzada en mayo con 14 elementos adicionales para resguardar su seguridad periférica. Hasta el momento, según Harfuch, no se ha descartado ninguna línea de investigación relacionada con el crimen.
Cárteles se pelean Michoacán
Michoacán es una de las entidades más grandes de México, con salida al Pacífico y una producción importante de aguacate y limón, orientada principalmente a la exportación hacia Estados Unidos.
En la región operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero de este año como “organizaciones terroristas extranjeras” por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump.
Además de los hechos en Uruapan y Morelia, la violencia en Michoacán ha alcanzado otros sectores. Apenas unos días antes del asesinato de Manzo, Bernardo Bravo, líder limonero, fue asesinado tras haber denunciado extorsiones y falta de seguridad para los trabajadores del campo. La acumulación de estos hechos intensificó la presión social sobre las autoridades, que reafirmaron su compromiso de mantener operativos y reforzar la supervisión de los inmuebles clave en el estado.
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