La Cámara de Diputados recientemente aprobó por unanimidad, con 456 votos, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La decisión representa un avance legislativo para unificar criterios en todo el país y fortalecer la respuesta estatal ante este delito. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, explicó que la ley permitirá actuar de manera más eficaz contra quienes obligan a comerciantes y ciudadanos a pagar “derecho de piso” para operar sus negocios.
En un mensaje publicado en redes sociales y en un video dirigido a la opinión pública, López Rabadán dijo: “Si a ti te están obligando a pagar derecho de piso por tener abierto tu negocio, eso se debe erradicar. Con estas reformas podrás presentar una denuncia en el cero ochenta y nueve sin poner en riesgo tu persona o a tu familia”. La legisladora enfatizó que la ley garantizará la protección de víctimas y testigos por medio de denuncias anónimas.
La nueva legislación establece un tipo penal único para la extorsión en el territorio nacional, endurece las sanciones e incorpora la prisión preventiva oficiosa para este delito. Además, permite que las autoridades inicien investigaciones sin requerir una denuncia formal. El dictamen contempla que el uso de telecomunicaciones y redes sociales como medios para extorsionar sea tratado específicamente y habilita el bloqueo inmediato de números telefónicos vinculados a estos hechos.
Kenia López Rabadán afirmó que la reforma también “impone sanciones severas y asegura que estos delitos se investiguen sin necesidad de denuncia previa”. Destacó que en la sesión donde se aprobó la reforma, “fue un esfuerzo de diálogo y apertura, construyendo acuerdos entre todas las fuerzas políticas, porque en los temas que importan, México necesita unidad y determinación”.
El dictamen aprobado contempla penas de hasta 25 años de prisión, aunque en lo particular se suavizaron las sanciones para funcionarios públicos que no denuncien extorsiones, quedando en un rango de cinco a doce años de prisión. Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y algunos del PT expresaron reservas sobre la proporcionalidad de las penas y el posible impacto de retroactividad en estados con leyes más estrictas.
La ley mandata la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, crea el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión y prevé campañas permanentes de información ciudadana y generación de datos útiles sobre el delito. López Rabadán concluyó: “Frente a la violencia, respondemos con justicia; frente al miedo, con firmeza; frente a la impunidad, con estado de derecho”.
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