Diputada propone que las escuelas tengan videovigilancia conectada al C5 para evitar violencia: ¿Dónde habría cámaras?

María Graciela Gaitán Díaz, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, para dotar a las escuelas con cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) correspondiente en cada entidad.

La legisladora informó que con la iniciativa busca prevenir la violencia en los centros educativos, ante la prevalencia de acoso escolar y hechos de violencia en los planteles, problema documentado tanto a nivel nacional como internacional por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Detalló que la OCDE ubica a México como el primer país del mundo en incidencia de acoso escolar en el nivel básico, con 65.9% de estudiantes que informan haber sido víctimas de bullying.

Mencionó que a esto se suma que el último informe presentado por Unicef subraya que la violencia en las escuelas mexicanas no solo ha dejado secuelas físicas, sino que repercute directamente en la salud mental y el rendimiento académico de la infancia y adolescencia mexicanas.

Estos datos son respaldados por la CNDH, organismo que señala que uno de cada tres estudiantes (35%) experimenta algún tipo de violencia durante su estancia escolar, siendo los baños áreas especialmente vulnerables a abusos.

Al detallar el tipo de violencia que afecta a las escuelas, la iniciativa pone en primer plano no solo las agresiones físicas, sino también las verbales, psicológicas y sexuales, con implicación de diversos actores: alumnos, docentes, padres de familia y personal administrativo.

La iniciativa promueve la instalación de sistemas de videovigilancia —cámaras de circuito cerrado o en tiempo real— en áreas como patios, accesos a baños y corredores de tránsito común en los centros educativos.

Aseveró que su operación estará sujeta a estrictos lineamientos sobre privacidad y protección de datos personales dictados por las autoridades competentes.

De aprobarse, la instalación de cámaras sería parte obligatoria de los requisitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) considerará para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción y habilitación de escuelas públicas en todo el país.

Por ello, la dependencia sería la encargada de emitir los lineamientos específicos para determinar cómo y en qué condiciones los planteles deberán cumplir con esta obligación, en coordinación con los órganos regulatorios de privacidad.

Además de las cámaras, la diputada propone adoptar sistemas de registro que lleven bitácoras del ingreso y salida del personal que labora en las escuelas, integrando así herramientas tecnológicas que faciliten la supervisión y permitan a las autoridades responder ante posibles incidentes de forma oportuna.

La visión de la legisladora es que la violencia escolar debe considerarse “cien por ciento prevenible”, e insiste en la obligación del Estado a proveer soluciones estructurales y de largo alcance que respondan al entorno actual.

La propuesta legislativa será discutida en la Comisión de Educación, donde se evaluará su viabilidad, los mecanismos para salvaguardar la privacidad de los estudiantes y el impacto esperado en los indicadores de violencia y convivencia escolar.