Garantizar la protección de los titulares de tarjetas bancarias y simplificar la cancelación de productos financieros son ejes centrales de la iniciativa impulsada por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
El diputado propone modificar diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros con el objetivo de reforzar los derechos de los usuarios frente a la emisión y cobro de servicios no solicitados.
Monreal Ávila expone que las entidades financieras quedarían prohibidas de cobrar comisiones o anualidades por servicios, seguros, membresías o cualquier beneficio adicional que no hayan sido autorizados de manera expresa y previa en el Contrato de Adhesión.
El problema, agrega, es doble: “Por un lado, la desadherencia contractual: muchas entidades exigen trámites complejos para la cancelación.
Por otro, la adherencia sin voluntad: proliferan prácticas de emisión de tarjetas sin solicitud clara, bajo promociones engañosas que comprometen a los usuarios”.
En ambos casos, concluye el diputado, se vulnera el principio básico de la autonomía contractual, ya sea dificultando la salida o forzando la entrada al contrato.
El diputado hace hincapié en que esta medida busca evitar cargos inesperados derivados de la emisión de tarjetas de crédito o débito sin consentimiento del cliente.
La iniciativa también atiende las dificultades experimentadas por los usuarios al intentar cancelar tarjetas.
El legislador plantea que la cancelación debe poder solicitarse por tres vías: personalmente, telefónicamente o de manera digital.
Una vez solicitada, la entidad tendrá la obligación de realizar un bloqueo preventivo inmediato, con el fin de suspender temporalmente toda operación vinculada a la tarjeta hasta que se formalice la cancelación definitiva.
Estos mecanismos, expone Monreal Ávila, deberán estar disponibles sin excepción en sucursales, por teléfono y mediante aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, “con botones visibles y de acceso directo, disponibles las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año”.
Respecto al plazo de cancelación, el diputado establece que deberá completarse en un máximo de tres días hábiles desde la solicitud, siendo gratuita y sin que la entidad pueda aplicar cargos, comisiones o penalizaciones.
Además, la finalización deberá certificarse con una constancia digital o física que acredite la ruptura del contrato.
Con el fin de desincentivar la emisión no consentida de productos financieros, la iniciativa califica como nula de pleno derecho cualquier emisión de tarjeta sin consentimiento expreso y verificable, liberando al usuario de cualquier obligación y sin necesidad de realizar una cancelación adicional.
A ello se suma la prohibición de afectar el historial crediticio, comportamiento de pago o registro de falta de uso en estos casos.
A partir de la entrada en vigor de estas reformas, las entidades emisoras deberán reembolsar montos cobrados indebidamente en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la presentación de la reclamación o su notificación por parte de la autoridad.
La vigilancia sobre el cumplimiento de las nuevas disposiciones estará a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para entidades financieras, y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en lo relativo a emisores comerciales.
El legislador justifica esta reforma en los datos más recientes entregados por la Condusef, que recibió 251.528 reclamaciones durante 2024, siendo las tarjetas de crédito, débito y los créditos personales los productos más recurrentes en las quejas.
De ese total, 7.594 quejas correspondieron a solicitudes de cancelación de productos o servicios no atendidas o no aplicadas, convirtiendo a la cancelación en la séptima reclamación más frecuente.
Monreal resalta que, pese a que la ley actual reconoce el derecho de cancelar contratos financieros en cualquier momento, en la práctica las entidades suelen imponer trámites presenciales innecesarios, requisitos ambiguos o demoras injustificadas, problema que, según señala, “convierte la cancelación en un procedimiento complejo y desgastante”.
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