Infancia mexicana, blanco del narcotráfico: entre manipulación y violencia

La utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en México ha registrado cientos de menores involucrados en actividades ilícitas que van desde la vigilancia y el transporte de drogas hasta el sicariato y la explotación sexual.

Ejemplo de ello son los casos de Édgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, detenido en 2010 a los 14 años tras confesar su participación en decapitaciones y asesinatos ordenados por una célula de los Beltrán Leyva y “Juanito Pistolas”, integrante de La Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste, quien fue abatido a los 16 años.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), datos de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa y la Fiscalía General de la República (FGR), esta forma de operar se ha expandido en entidades como Veracruz, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México y Nuevo León.

En Sonora, aproximadamente 349 menores de entre 10 y 12 años han sido detenidos por participar en actividades criminales, de acuerdo con declaraciones de Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR.

Estos niños, en su mayoría, son utilizados en tareas de vigilancia, logística y como señuelos en operativos. Méndez subrayó que muchos de ellos no comprenden el alcance de sus actos, destacando que la descomposición del entorno familiar es un factor determinante en su captación.

La situación no es exclusiva de Sonora. En Sinaloa, la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa ha propiciado el reclutamiento de al menos 68 menores de edad, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado obtenidas por Infobae México.

La mayoría de estos jóvenes ingresan al Centro de Internamiento para Adolescentes por delitos graves como robo con armas de fuego, secuestro y homicidio. Además, la estrategia de los grupos criminales incluye el traslado de jóvenes desde Jalisco, quienes son engañados con falsas ofertas de empleo y posteriormente forzados a participar en actividades delictivas.

El fiscal Salvador González de los Santos explicó que esta modalidad fue detectada gracias al testimonio de algunos jóvenes que lograron escapar y regresar a sus lugares de origen.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un adolescente de 16 años en posesión de 53 envoltorios de cocaína durante el operativo “Salvando Vidas” en Azcapotzalco, mientras que en Nuevo León, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de un menor por portación de arma de fuego y posesión de metanfetamina.

Entre 2018 y 2024, el Consejo Nacional de Seguridad Pública registró más de 2 mil 400 menores detenidos en el país por portar armas de fuego, siendo Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León los estados con mayor incidencia.

El análisis de REDIM sobre Veracruz señala que la entidad se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas, con la presencia de al menos 15 grupos criminales.

Municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica destacan como focos de violencia y reclutamiento forzado de adolescentes. Entre 2015 y 2025, se registraron oficialmente 22 casos de menores víctimas de “utilización por agrupaciones delictivas” y 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años, quienes fueron explotados sexualmente, forzados a trabajar, utilizados como halcones, transportistas de drogas, sicarios o en mendicidad forzada.

No obstante, la organización advirtió que estas cifras apenas reflejan una fracción del problema, ya que no existen registros oficiales específicos sobre reclutamiento, lo que limita la prevención y atención.

La narcocultura permea en la infancia a través de la tecnología, desde la música que romantiza la criminalidad y promueve masculinidades violentas, hasta videojuegos como Call of Duty o Roblox y plataformas como TikTok o Instagram, donde se glorifica el acceso a dinero, armas y poder.

Periodistas como Óscar Balderas y Luis Chaparro han señalado que los cárteles consideran a los menores una “ventaja operativa” debido a su facilidad de manipulación y los beneficios legales que obtienen, como penas reducidas y antecedentes eliminables al alcanzar la mayoría de edad.

Sin embargo, para que la infancia sea captada por los grupos delictivos, algunas circunstancias como el contexto social y familiar, juegan un papel central. Según el informe de REDIM, la pobreza estructural, junto con la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la negligencia institucional son factores que incrementan el riesgo de captación.

La respuesta institucional ha resultado insuficiente frente a la magnitud del problema. REDIM denuncia deficiencias, como el exceso de burocracia, la ausencia de programas estatales específicos, la falta de coordinación interinstitucional y la tendencia a criminalizar a las víctimas.

Estas limitaciones dificultan la garantía de justicia y protección para la infancia afectada. Las autoridades federales han insistido en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección, así como en ofrecer alternativas de acompañamiento a quienes logran salir de estas redes.

Sin embargo, la falta de registros oficiales y la ausencia de políticas públicas efectivas persisten como obstáculos. En cuanto a las propuestas de solución, las posturas difieren.

Mientras organizaciones civiles como REDIM y CAM insisten en la prevención y la protección de los derechos de la infancia, algunas autoridades han planteado endurecer las sanciones penales para los adultos que involucren a menores en actividades delictivas.

Francisco Sergio Méndez propuso triplicar las penas para quienes sean detenidos en compañía de niños, con el objetivo de frenar el uso sistemático de menores como herramientas dentro de las operaciones criminales.