La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente las afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo empleado por primera vez en el caso mexicano.
La SRE reiteró que “las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada… carecen de sustento y no son admisibles”, y defendió los esfuerzos estatales en prevención, investigación, sanción y cooperación internacional. La Cancillería subrayó que el delito de desaparición de personas “se combate en México mediante una política de Estado”, vinculó el fenómeno principalmente a la delincuencia organizada y aseguró que se mantienen estrategias de búsqueda, identificación y diálogo permanente con familiares de víctimas.
El gobierno insistió en que la cooperación debe regir la relación con los órganos internacionales, y pidió que cualquier juicio se base en el análisis objetivo de la información ya presentada al Comité.
Discrepancia con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
Por su parte, el anuncio del CED establece que la medida responde a “indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática” en México. El presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó ante la Asamblea General de la ONU que el procedimiento permite presentar ante dicho órgano la situación de desapariciones en el país, siendo México el Estado con más acciones urgentes reportadas al CED: 779 de 2 mil 074 comunicaciones acumuladas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 10 de abril de 2025 se registraron 127 mil 022 personas desaparecidas y no localizadas en México
Mediante comunicado, el Comité señaló: “La decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se adoptó por consenso… teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional y las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado Parte desde 2014”. El Comité aclaró que la medida “no prejuzga de modo alguno las próximas etapas del procedimiento”, y subrayó que su mandato busca cooperación y diálogo con las autoridades mexicanas para lograr la plena aplicación de la Convención.
Poco después del anuncio, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, expresó el rechazo oficial del gobierno mexicano. “México no comparte la decisión del Comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34”, afirmó. Vasconcelos enfatizó que la aplicación de dicho artículo “debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos”, e insistió en la necesidad de consenso para garantizar la legitimidad del sistema.
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