SCJN escucha testimonios sobre falta de consulta a personas con discapacidad en segunda jornada pública

Las sesiones incluyen testimonios en zapoteco y reflexiones sobre los efectos de la exclusión en políticas públicas

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Las intervenciones abordaron temas como
Las intervenciones abordaron temas como la necesidad de garantizar la accesibilidad en los procedimientos de consulta, la elaboración de materiales en formatos adecuados y la creación de mecanismos que aseguren la representación efectiva de las personas con discapacidad. (Crédito: SCJN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró la segunda jornada de la Audiencia Pública derivada de la Convocatoria 1/2025, dedicada a analizar la invalidez de normas generales por falta de consulta a personas con discapacidad. En esta sesión participaron 28 personas, tanto de manera presencial como a distancia, quienes compartieron sus experiencias, preocupaciones y propuestas ante el pleno.

Durante el encuentro, varios participantes se expresaron en lenguas originarias, entre ellas el zapoteco, lo que aportó una dimensión cultural al ejercicio de escucha. La SCJN destacó que este espacio busca fortalecer el diálogo con la sociedad y fomentar la participación directa de los grupos que históricamente han enfrentado barreras para ser consultados en la elaboración de políticas públicas y normas jurídicas.

Entender el impacto de las normas

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que la jornada permitió comprender de manera más cercana las necesidades de las personas con discapacidad. Señaló que escuchar sus testimonios ayuda a la Corte a entender el impacto real de las normas y a consolidar una justicia más sensible ante las condiciones sociales. “Ponernos un momento en sus zapatos y en su situación nos hace sentir que no somos lejanos ni ajenos a lo que están viviendo”, expresó.

La ministra Lenia Batres Guadarrama, responsable de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024 —que motivó la organización de estas jornadas—, reiteró el compromiso del máximo tribunal con la población más vulnerable. Explicó que el proceso busca construir un criterio judicial informado por las experiencias y planteamientos de las personas afectadas, a fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, junto con los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa Betanzo, coincidieron en que los testimonios recabados fortalecerán el análisis jurídico de los casos relacionados con la participación de las personas con discapacidad. Consideraron que escuchar directamente a quienes viven las consecuencias de la falta de consulta aporta elementos valiosos para la interpretación constitucional.

El ejercicio concluirá este miércoles
El ejercicio concluirá este miércoles con la tercera jornada de la Audiencia Pública, en la que se prevé la participación de más representantes de colectivos, académicos y especialistas en derechos humanos. (Crédito: SCJN)

La SCJN precisó que este tipo de ejercicios forma parte de la política institucional de apertura impulsada por la actual administración, con el propósito de promover la transparencia y la inclusión en los procesos judiciales. La metodología de las audiencias permite la intervención tanto presencial como virtual, lo que amplía las posibilidades de participación de personas de diferentes regiones del país.

Durante la segunda jornada, las intervenciones abordaron temas como la necesidad de garantizar la accesibilidad en los procedimientos de consulta, la elaboración de materiales en formatos adecuados y la creación de mecanismos que aseguren la representación efectiva de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas. Los ministros tomaron nota de cada exposición, con el objetivo de integrar los planteamientos al análisis de la acción de inconstitucionalidad en curso.

El ejercicio concluirá este miércoles con la tercera jornada de la Audiencia Pública, en la que se prevé la participación de más representantes de colectivos, académicos y especialistas en derechos humanos.