Modernizarán al Instituto Mexicano de la Juventud, reforma avanza en el Senado

La modificación a la Ley del IMJUVE alinea la política juvenil con la Agenda 2030 y reconoce a los jóvenes como agentes de cambio

Guardar
El IMJUVE integrará la promoción
El IMJUVE integrará la promoción de la paz y la resolución pacífica de conflictos en sus objetivos principales. . Crédito: INJUVE

Las comisiones unidas de Juventud y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado, aprobaron la reforma a la fracción 11 del artículo 3 bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) para alinear a este organismo con los principios de la Agenda 2030, orientados a promover sociedades más pacíficas e inclusivas, y reconoce a las juventudes como agentes activos en la transformación estructural de su entorno.

La presidenta de la Comisión de Juventud, Paloma Sánchez Ramos, explicó que el objetivo central de la reforma es incorporar la promoción de la cultura de la paz entre los propósitos fundamentales del IMJUVE.

Sánchez Ramos subrayó que, ante los desafíos que enfrenta la juventud en México, esta medida resulta no solo conveniente, sino imprescindible.

Apuntó que la cultura de la paz se fundamenta en las mejores prácticas internacionales y representa un eje estratégico para que el Instituto cumpla su misión de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan protegerse y perseguir sus aspiraciones.

El dictamen destaca la importancia
El dictamen destaca la importancia de la paz, la justicia y la solidez institucional para mejorar la calidad de vida juvenil. FOTO: INAH

Por su parte, la senadora Ruth González Silva, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo que el respaldo al dictamen constituye una reafirmación del compromiso del Senado con la juventud nacional.

González Silva consideró que la reforma al IMJUVE es necesaria para que la política pública integre de manera explícita el fomento de la paz, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos, además de fortalecer la vida democrática y propiciar entornos libres de violencia para los jóvenes.

“Es indispensable que la política nacional contemple el fomento de la paz y la resolución pacífica de conflictos, para que los jóvenes vivan en entornos libres de violencia”.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, propuso que ambas comisiones presenten un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a reactivar el Premio Nacional de la Juventud, galardón que no se ha entregado desde 2021.

Martín del Campo recordó que este reconocimiento, otorgado anualmente por el IMJUVE, distinguía a jóvenes destacados en diez áreas, entre ellas la académica, artística, compromiso social, derechos humanos, protección ambiental y ciencia.

El senador enfatizó que, aunque los apoyos económicos y becas son relevantes, el Premio Nacional de la Juventud cumple una función esencial al visibilizar y estimular a los jóvenes, ya que “no se trata sólo de darles una medalla, sino de hacerlos presentes y reconocer su trabajo y entrega”, según sus palabras recogidas en el dictamen. Propuso que el galardón sea retomado en 2026.

La presidenta de la Comisión de Juventud, Paloma Sánchez, manifestó el respaldo de su comisión a esta iniciativa, al considerar que inspira a la juventud y resulta fundamental recuperarla.

El dictamen identifica la inseguridad como uno de los principales obstáculos para instaurar una cultura de la paz en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, la tasa de víctimas entre la población de 18 a 19 años alcanzó 26.162 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el grupo de 20 a 29 años la cifra fue de 30.249 por cada 100.000 habitantes.

Estas estadísticas, según el texto, reflejan el entorno de violencia, desconfianza y temor que afecta a los jóvenes mexicanos, impactando negativamente en diversos aspectos de su vida y reduciendo su calidad de vida.

La misma encuesta reveló que el 69,4 % de los jóvenes de 18 a 19 años y el 72,5 % de los de 20 a 29 años consideran insegura su entidad federativa.