SAT destaca ante empresarios una política de “puertas abiertas”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una política de puertas abiertas para el comercio exterior, enfocada en el diálogo y la colaboración entre sectores público y privado. Durante la Convención Nacional Index 2025, Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, describió el enfoque como una guía para facilitar trámites y construir confianza con las empresas.

La nueva línea institucional del SAT busca fortalecer la eficiencia recaudatoria y actuar contra la evasión, mientras brinda certidumbre a los actores económicos involucrados.

El boletín del SAT publicado este 19 de octubre destaca que el comercio exterior “no se improvisa, sino que se construye con procesos claros, reglas estables y una cultura de cumplimiento sólido”, según afirmó Jiménez Reyes durante el evento. Esta visión, explicó el funcionario, no obstaculiza los negocios legítimos, sino que les facilita certeza y visibilidad a quienes cumplen.

Uno de los puntos clave del boletín es el esquema de certificación de empresas en IVA e IEPS, considerado por el SAT como muestra de la relación de confianza con aquellas compañías que mantienen transparencias constantes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. “Estos esfuerzos no buscan obstaculizar las operaciones de las empresas, sino darles certidumbre y reconocer a quienes sí están haciendo las cosas bien”, señaló Jiménez Reyes en su intervención.

El funcionario explicó que la confianza ofrecida a los contribuyentes también implica un compromiso, de modo que el SAT decidió reforzar la vigilancia sobre el esquema de certificación. El organismo informó que, solo hasta septiembre, se realizaron más de 2 mil actos de presencia, que incluyeron visitas, requerimientos y suspensiones temporales o definitivas para casos de irregularidades. Este número representa un crecimiento de 55% respecto al año anterior.

Jiménez Reyes subrayó que fortalecer la figura de la certificación contribuye a mantener estándares altos para las empresas que realmente cumplen, pero asequibles para quienes trabajan dentro de la legalidad.

En otro frente, el SAT, bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, anunció nuevas acciones para frenar la creación de empresas fantasma y la emisión de facturas falsas el pasado 9 de octubre en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum. Se implementaron modificaciones en el proceso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la firma electrónica, requisitos esenciales para emitir facturas legales en México.

Martínez Dagnino explicó que ya no es posible obtener el RFC y la e.firma el mismo día. Actualmente es indispensable que las empresas acrediten que el domicilio fiscal declarado corresponde a su operación real, lo que impide que un accionista actúe como prestanombres. “Ahora las empresas deben comprobar que el domicilio registrado corresponde realmente a su operación”, afirmó el titular del SAT.

Estas reformas buscan limitar el registro de entidades ficticias y reforzar la equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, bajo el argumento de que estas acciones “contribuyen al bienestar de todas y todos los mexicanos”, como destacó el funcionario en la misma conferencia.

En relación a la venta y uso de facturas falsas, el SAT recordó que, tras la reforma constitucional al artículo 19, este delito ya se considera grave. Se desarrolla una modificación al Código Fiscal para que dicha reforma se aplique plenamente. El nuevo procedimiento abreviado permite suspender el sello digital de facturación de forma inmediata, asegurando siempre el derecho de audiencia para los contribuyentes.

Otra disposición relevante es que los socios y representantes legales involucrados en facturación falsa ya no podrán registrar nuevas empresas y quienes usen estas facturas deben corregir su situación fiscal para evitar la suspensión de su sello digital. Martínez Dagnino puntualizó que habrá prisión preventiva oficiosa para quienes no son contribuyentes pero participen en actividades fraudulentas.