
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, volvió a ser señalada por presuntos actos de censura luego de que la Fiscalía General del Estado solicitó al medio Telemar información sobre los periodistas que han difundido contenidos críticos hacia su administración.
De acuerdo con el oficio recibido por la televisora local —y que difundieron en sus redes sociales—, la dependencia estatal pidió los nombres de reporteros, editores y del director de Producciones Telemar S.A. de C.V., así como detalles de las publicaciones que mencionan a la mandataria.
Dicha petición forma parte de una carpeta de investigación abierta por el presunto delito de calumnia, denunciado por la propia gobernadora.

El documento oficial establece un plazo de cinco días hábiles para que el medio entregue la información solicitada. En caso contrario, advierte la imposición de sanciones económicas y la posibilidad de iniciar acciones legales por obstrucción de la justicia.
A través de un comunicado, Telemar denunció que este requerimiento representa un nuevo intento por restringir la libertad de expresión en Campeche. La empresa señaló que la medida “confirma el uso de las instituciones públicas para intimidar a medios y periodistas que cuestionan al gobierno estatal” y reiteró su compromiso con el ejercicio libre del periodismo.
El caso ha generado una ola de críticas en redes sociales y entre la comunidad periodística, que exige respeto al artículo sexto constitucional, el cual protege la libertad de prensa y de información en México.
Layda Sansores y su historial con la prensa
Este episodio se suma a otros conflictos entre la mandataria y medios locales. En junio pasado, el periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso bajo el argumento de haber incitado al odio contra Sansores en una publicación editorial. La resolución incluyó restricciones para publicar contenidos relacionados con la gobernadora y una sanción económica por daño moral.

Apenas semanas después, la Fiscalía volvió a señalar a comunicadores del mismo grupo editorial, ahora de Telemar, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible patrón de hostigamiento hacia la prensa crítica en el estado.
En años recientes, la gobernadora ha protagonizado diversos enfrentamientos públicos con periodistas y figuras políticas. Entre ellos, el ocurrido en 2022 cuando difundió conversaciones privadas en su programa “El Martes del Jaguar”, lo que generó cuestionamientos sobre el uso indebido de información personal.
Organizaciones de periodistas y medios locales reiteraron su preocupación por lo que califican como una escalada de censura en la entidad, mientras que desde el gobierno federal se ha insistido en que los mandatarios estatales deben garantizar el libre ejercicio informativo.
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