Inseguridad frena inversiones en México tras advertencia de Coparmex en el Foro de Seguridad 2025

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) alertó que las pérdidas económicas derivadas de diversos delitos en México podría ascender a varios miles de millones de pesos hasta septiembre de 2025, una cifra que refleja la magnitud de la inseguridad en el sector productivo.

Durante el Foro de Seguridad 2025, Buenas prácticas en materia de seguridad: por un México en paz, realizado por COPARMEX, especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que la inseguridad se convirtió en uno de los mayores obstáculos para la inversión, la competitividad y la paz social.

De acuerdo con la encuesta #DataCOPARMEX, el 51% de los socios de la Confederación reportó haber sido víctima de algún delito el año pasado, y el 12.8% señaló haber sufrido extorsión.

Además, el organismo recordó que la cifra negra (delitos no denunciados) alcanza el 93.2%, mientras que apenas 0.8% de los casos llegan a presentarse ante las autoridades.

Durante la inauguración del encuentro, Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de COPARMEX, subrayó quela inseguridad afecta de manera directa la economía nacional, especialmente a las micro y pequeñas empresas.

“El INEGI estimó que, en 2023, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, equivalente al 27.2% de las unidades económicas del país.

“Muchos negocios no pueden resistir estos golpes y terminan cerrando o despidiendo personal”, señaló el presidente de la comisión.

Por su parte, las senadoras Juanita Guerra Mena y Lucía Trasviña Waldenrath, presidentas de las comisiones de Guardia Nacional y Seguridad del Senado, respectivamente, coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y de perfeccionar el marco legal para combatir delitos como la extorsión.

Trasviña Waldenrath destacó la reciente reforma constitucional en materia de extorsión, la cual amplía la tipificación del delito y refuerza la protección a víctimas, comerciantes y empresarios.

“La extorsión no solo roba dinero: roba la paz, la confianza y el futuro de las comunidades”, expresó la presidenta.

En el foro participaron especialistas del sector empresarial, jurídico y de seguridad pública, quienes compartieron modelos exitosos de prevención del delito y colaboración entre autoridades y empresas.

María Teresa Paredes, consejera de la Barra Mexicana de Abogados, advirtió sobre la urgencia de atender los desplazamientos forzados y crear un padrón de niños huérfanos como medida de prevención al reclutamiento criminal.

Mientras tanto, Luis Curiel Piña, vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, recordó que la inseguridad también se percibe, y citó datos de la ENVIPE 2024, que estimó 21.9 millones de víctimas mayores de 18 años, lo que equivale a 23 mil víctimas por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, destacó los avances en la percepción de seguridad en la capital, al pasar de un 95% de ciudadanos que se sentían inseguros en 2018 a cerca de 54% en 2025, según estimaciones del próximo reporte del INEGI.

“Este descenso es un referente internacional. El reto es replicarlo en todo el país”, afirmó el coordinador.

El Foro de Seguridad 2025 contó con mesas de trabajo en las que se presentaron casos exitosos de coordinación entre gobiernos locales, empresas y ciudadanía, tanto en México como en otros países.

En la Mesa 2, representantes de Coahuila, Michoacán y Estado de México compartieron experiencias sobre patrullajes focalizados y proximidad ciudadana que lograron reducir la incidencia delictiva.

En la Mesa 3, expertos de Colombia, Italia y Chile coincidieron en que la inteligencia basada en datos, la profesionalización policial y la colaboración multisectorial son pilares clave para fortalecer la seguridad pública.

Durante la clausura, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que la inseguridad representa el principal obstáculo para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal.

“No podemos permitir que la inseguridad frene las oportunidades del país. Urge que sea una prioridad nacional para atraer inversiones y consolidar el desarrollo económico”, finalizó Sierra Álvarez.