Veracruz y otros estados habrían dejado vencer sus seguros contra huracanes y deslaves, revela periodista

Las lluvias que afectan actualmente a gran parte del país han dejado en evidencia la ausencia de mecanismos de protección financiera y operativa en varios estados: Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla enfrentan afectaciones severas sin contar con seguros catastróficos vigentes ni fondos suficientes para atender emergencias, reveló la periodista Sofía García en su espacio República H, este martes.

En Veracruz, la póliza que cubría daños por huracanes, inundaciones, sismos o deslaves expiró el 30 de mayo sin que se renovara. El contrato, originalmente firmado con Seguros BX+ durante la gestión de Cuitláhuac García Jiménez, no fue prorrogado por la actual administración estatal. En su lugar, se creó una nueva entidad —la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales— cuya cobertura aún no está operativa. La falta de aseguramiento deja sin respaldo a un territorio que cada año enfrenta el impacto de ciclones y lluvias torrenciales.

En Hidalgo, el gobierno sustituyó el seguro estatal contra desastres por un fondo de 140 millones de pesos. La cifra resulta insuficiente para atender la magnitud de los daños registrados en municipios como Tulancingo, Metztitlán, Huejutla y Zacualtipán, donde las precipitaciones recientes destruyeron viviendas y caminos. El esquema, presentado como una medida de ahorro, limita la capacidad de respuesta frente a emergencias de gran escala: no alcanza para reconstruir ni un municipio afectado, señaló la comunicadora.

En San Luis Potosí, la administración local decidió no renovar el seguro estatal contra desastres naturales, a pesar de que la Ley de Protección Civil establece la obligación de contar con instrumentos de transferencia de riesgo. En la región Huasteca, comunidades de Tamazunchale, Aquismón, Axtla, Tamasopo y Ciudad Valles permanecen afectadas por derrumbes y deslaves. Sin póliza vigente, la reparación de daños se cubre con recursos de otros programas, explicó la columnista.

En Querétaro, el esquema de apoyo por emergencias sólo beneficia a los contribuyentes que realizaron el pago del impuesto predial durante enero. Esta condición excluye a familias que, pese a haber perdido sus viviendas, no cumplen el requisito fiscal. En zonas como Pinal de Amoles, Jalpan y Cadereyta, algunas comunidades permanecen incomunicadas mientras las autoridades revisan folios administrativos.

La vulnerabilidad también alcanza a Puebla, donde las lluvias recientes provocaron desbordamientos y deslaves en la Sierra Norte. Las autoridades locales han destinado recursos de contingencia, pero sin un fondo estructurado de largo plazo.

Datos de la UNAM y la Conagua advierten que los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más intensos y frecuentes. Las precipitaciones que antes duraban tres días ahora se concentran en lapsos de pocas horas, aumentando la probabilidad de inundaciones y deslaves en zonas urbanas y rurales.

Los especialistas recomiendan actualizar los atlas de riesgo, fortalecer la infraestructura pluvial y establecer esquemas financieros que aseguren una respuesta inmediata. No obstante, la falta de planeación y la reducción de instrumentos de protección pública han dejado a amplias zonas del país expuestas a las consecuencias del cambio climático.

La combinación de lluvias más intensas y ausencia de coberturas efectivas convierte cada temporada en un desafío mayor para las autoridades estatales y municipales. Sin previsión ni financiamiento, la reconstrucción se vuelve lenta y costosa, mientras las comunidades afectadas enfrentan las pérdidas con recursos propios.

“Los desastres naturales son tragedias humanas, pero en México son también el espejo del abandono institucional. No es el clima el que mata, es la negligencia”, concluye Sofía García en su columna de esta mañana.