Aumento al IEPS en bebidas azucaradas vulnera la Constitución y derechos humanos: experta de la UNAM

En el marco del XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la Importancia de la Investigación en la Ciencia Jurídica, la doctora Elba Jiménez Solares, profesora de Posgrado en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, alertó que el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas representa una vulneración directa de los derechos humanos y contraviene diversos principios de la Constitución mexicana.

Durante su participación en la presentación del libro “Impuestos a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extrafiscal?”, coautorado por la académica, se señaló que la propuesta de elevar la cuota de $1.64 a $3.18 pesos por litro de refresco no solo genera un impacto económico para los consumidores, sino que constituye una transgresión al marco jurídico nacional.

“El artículo 31, fracción IV, establece que todos los mexicanos deben contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, y este impuesto no cumple con ese mandato. Afecta por igual a personas con ingresos altos y bajos”, enfatizó Jiménez Solares.

La experta recordó que el artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar y proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Asimismo, subrayó que cualquier política fiscal debe evitar retrocesos en el goce de derechos económicos y sociales.

El artículo 4º, que reconoce el derecho a la protección de la salud y a una alimentación suficiente y nutritiva, tampoco se respeta, ya que los recursos recaudados por el IEPS no se destinan a programas de salud o nutrición, evidenciando que el impuesto tiene un fin recaudatorio y no extrafiscal.

Jiménez Solares advirtió además que el artículo 28, que prohíbe prácticas monopólicas, podría verse afectado, pues el incremento del IEPS fortalece a grandes corporaciones como Coca-Cola y pone en riesgo a pequeños comercios, especialmente las tienditas de barrio, cuya desaparición podría superar las 60 mil unidades, según la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

A pesar de más de una década desde su implementación en 2014, el impuesto no ha logrado reducir la prevalencia de enfermedades asociadas al consumo de refrescos, pues la diabetes en México pasó del 9.2 por ciento en 2012 al 18.3 por ciento en 2022.

Finalmente, la académica de la UNAM hizo un llamado a replantear la política fiscal sobre bebidas azucaradas, promoviendo reformas que respeten los principios constitucionales y los derechos humanos, y que prioricen justicia social por encima de la simple recaudación de impuestos.

“No se trata únicamente de recaudar más; se trata de garantizar respeto al marco jurídico y construir políticas públicas coherentes con los derechos que protege la Constitución”, concluyó Jiménez Solares.