El Congreso de la Unión recibió la autorización formal para avanzar en una nueva etapa contra la extorsión, después de que la Cámara de Diputados declaró aprobado el cambio al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta modificación constitucional permitirá que a nivel federal se legisle sobre los tipos penales y las sanciones mínimas en materia de extorsión.
La declaratoria fue anunciada por Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales”.
Antes de la declaratoria, Julieta Villalpando Riquelme, secretaria de la Mesa Directiva y diputada por Morena, reportó la recepción del oficio del Senado con el cómputo preliminar de 22 votos aprobatorios.
Posteriormente, los congresos del Estado de México, Sonora y Tlaxcala sumaron sus apoyos, llevando la cifra a 25 legislaturas que manifestaron su respaldo.
Este conteo incluyó los votos favorables de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Con la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales y la capital del país, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir una ley general que fije los tipos penales y sanciones mínimas en casos de extorsión a nivel nacional.
La reforma también detalla que el Congreso de la Unión deberá promulgar la ley correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir del día siguiente en que entre en vigor esta enmienda constitucional.
Mientras se elabora y aprueba la ley general, las normas existentes tanto federales como estatales en materia de extorsión mantendrán su vigencia, estableciéndose después los plazos y condiciones para que las entidades actualicen y armonicen su legislación conforme a lo dispuesto por la nueva ley nacional.
En México, el delito de la extorsión se ha extendido durante los últimos años, por lo que el gobierno federal busca nuevos mecanismos para abordar esta problemática.
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