Monreal impulsa reforma a Ley de Servicios Financieros para agilizar cancelación de tarjetas de crédito y débito

La iniciativa busca establecer plazos definidos, impedir cargos indebidos y reforzar la protección de los usuarios frente a las instituciones financieras

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Ricardo Monreal confesó recientemente que
Ricardo Monreal confesó recientemente que se encuentra en buró de crédito. (Crédito: Cámara de Diputados)

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Su propuesta busca regular la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito, estableciendo mecanismos claros para proteger a los usuarios frente a prácticas indebidas de las instituciones financieras.

Monreal Ávila explicó que la reforma se sustenta en tres pilares: garantizar acceso amplio y expedito a la cancelación, establecer plazos definidos y reforzar la protección contra abusos. La iniciativa asegura que todas las personas puedan terminar su relación contractual mediante canales presenciales, telefónicos o digitales. “Nadie debe quedar atrapado en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo”, indicó.

El segundo pilar propone que la cancelación se realice en un máximo de tres días hábiles, sin costos, comisiones ni trámites excesivos, con el objetivo de evitar prácticas que desgastan al usuario y asegurar cumplimiento puntual por parte de las instituciones.

El tercero establece medidas preventivas frente a prácticas indebidas: declara nula la emisión de tarjetas sin consentimiento, prohíbe publicidad engañosa sobre costos y obliga a reembolsar cargos indebidos. Según Monreal Ávila, la responsabilidad de estos procesos recae en los emisores y no en los clientes.

La propuesta llega en un contexto de crecimiento sostenido en el uso de tarjetas en México. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 reporta que seis de cada diez adultos poseen una tarjeta de débito y que circulan más de treinta y siete millones de tarjetas de crédito, con un saldo superior a seiscientos treinta mil millones de pesos. Sin embargo, la falta de canales digitales efectivos y la resistencia de algunas instituciones generan retrasos y conflictos; en 2024, la Condusef registró más de 250 mil reclamaciones, incluidas más de 7 mil por cancelaciones no atendidas.

La iniciativa asegura que todas las personas puedan terminar su relación contractual mediante canales presenciales, telefónicos o digitales. Crédito: X | @RicardoMonrealA

Respeto a la voluntad de los usuarios

Monreal Ávila destacó que la reforma busca garantizar que los derechos legales sean efectivos, permitiendo que la adhesión y desadherencia a productos financieros se realice con transparencia y respeto a la autonomía de la voluntad de los usuarios. “Se trata de fortalecer la confianza en nuestras instituciones y avanzar hacia un sistema económico más justo y cercano a las necesidades de la población”, subrayó.

El legislador concluyó que el respaldo a la iniciativa consolidará un marco jurídico que protege a los usuarios, asegura que las instituciones financieras cumplan con sus obligaciones y refuerza la transparencia en la relación con los clientes.

“Estoy en buró de crédito”

Recientemente, Monreal reconoció ante legisladores que se encuentra registrado en el buró de crédito tras un conflicto con una empresa de servicios digitales que le negó la cancelación de una suscripción. Explicó que el problema surgió al intentar dar de baja un canal de entretenimiento que continuó cobrando cuotas a su tarjeta pese a su solicitud.

Estoy en buró de crédito, debo confesarlo con humildad”, relató, luego de detallar que acudió personalmente en varias ocasiones para cancelar el servicio sin éxito y que finalmente optó por cancelar la tarjeta para evitar cargos indebidos.

El caso fue mencionado durante la discusión para reformar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciativa que busca obligar a las empresas de servicios digitales a informar de manera clara si sus contratos implican cobros recurrentes, así como los montos y fechas correspondientes.